Redes, menores y censura

Tanto en la interna política española como a nivel de la Unión Europea, crecen las críticas a la iniciativa de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de edad y bloquear los llamados “discursos de odio y polarización”.

El anuncio fue realizado por el presidente español en el marco de la Cumbre de los Gobiernos en Dubái, donde confirmó que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y perseguirá legalmente a las plataformas que no retiren “contenidos ilícitos o de odio”.

El Ministerio de Juventud e Infancia de España ha desarrollado un proyecto de ley “de Protección de Menores en Entornos Digitales”, que pasó su primera prueba en diciembre pasado y se encuentra en trámite parlamentario. Según se informa, la medida procura elevar de 14 a 16 años la edad mínima para que el menor otorgue consentimiento de uso de sus datos personales. Hasta esa edad, la potestad de convertirse en usuarios -incluso del servicio de mensajería de Whatsapp- quedará condicionada al consentimiento explícito y obligatorio de sus padres o responsables legales. Se exigirá a las plataformas que el sistema de control parental gratuito se active por defecto al configurar el equipo, y la incorporación de sistemas de verificación que bloqueen el registro de cualquier menor sin autorización.

Son medidas polémicas, como todas las que limitan la libertad individual desde la coerción estatal, pero comprensibles en función del impacto que crean ciertas redes sociales en las generaciones jóvenes: frecuentemente se detectan estrategias de estímulo a la adicción digital, que ejercen influencias perniciosas sobre la salud mental de los usuarios. Y ni que hablar de los riesgos de verse sometidos a fraudes, en los que caen por otra parte no pocos adultos.

El problema es que estas decisiones dirigistas bien intencionadas siempre traen un cangrejo bajo la piedra. La propuesta de Sánchez enciende luces amarillas cuando incorpora “un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad” para detectar la llamada “huella de odio y polarización”. Según publica anteayer El Observador, “este mecanismo permitirá monitorizar la difusión de discursos extremistas y obligará a las grandes tecnológicas a implementar sistemas de verificación de edad robustos. Además, el Gobierno ya trabaja junto a la Fiscalía para investigar posibles infracciones legales en plataformas de alto impacto como TikTok, Instagram y Grok”.

A ver, definamos “discurso de odio y polarización”. ¿Quién decide hasta dónde hay límite al odio y hasta dónde libertad de expresión? ¿El gobierno que trata a los opositores de “fachas”? ¿Van a limitar ese discurso de odio o solo van a prohibir la paja en el ojo ajeno?

Resulta obvio que en una sociedad abierta, la única manera de poner coto a la libertad de expresión proviene de la reparación legal de la persona que ya ha sido agraviada, pero nadie tiene derecho a amordazar al prójimo, por más insultante o estúpido que sea lo que este profiera.

Es verdad que la lógica algorítmica de las redes estimula la polarización y el fanatismo, pero hay que desconfiar de que el remedio no sea peor que la enfermedad. Por eso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se puso de punta contra la medida promovida por Sánchez, advirtiendo que “representa una amenaza a la libertad en internet” y que “va contra todas las plataformas y contra la libertad del mundo”.

Si uno relaciona mínimamente la indulgencia del gobierno español y sus socios de la izquierda radical con el chavismo, no puede menos que temer un uso discrecional y patotero de cualquier instrumento legal que coarte la expresión libre de ideas y opiniones. Sobre todo en un contexto en que las encuestas están evidenciando una caída de la izquierda española y el crecimiento del Partido Popular y Vox, que ya superan juntos el 50% de la adhesión ciudadana.

Es indudable que para los socialistas y sus socios de conveniencia (entre los que se cuentan también nacionalistas catalanes de ultraderecha), a esta altura sería mejor negocio poner un bozal a los miles de usuarios de redes indignados con el gobierno. Sánchez ha dicho que “la voz de la democracia no será doblegada por esos tecno-oligarcas del algoritmo”, en alusión a los empresarios de Telegram y X, que ya protestaron por la medida. Mal parafraseando al pobre Cervantes, el presidente español agrega: “deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”.

No hay que aplaudir a los tecno-oligarcas, pero bueno fuera que los terminarámos sustituyendo por tecnocomunistas.