El Círculo de la Prensa, iniciativa impulsada por José Enrique Rodó, con el objetivo de ser vigía y defensor de la libertad de expresión ha cumplido 100 años. Ahora, tal como ayer, la preocupación que le dio origen sigue igual de vigente, porque aun cuando se trata de un valor elemental, de un pilar indispensable para el sostén de la democracia, noción que ha ido echando fuertes raíces en buena parte del planeta, no han desaparecido los embates de distinta índole en su contra. Provienen de parte de los gobiernos que no toleran la opinión crítica y la información independiente o por cuenta del crimen organizado que es capaz de cualquier delito, con tal de hacer enmudecer al periodismo. Es grave el número de muertes que este flagelo produce anualmente, en especial en los países donde el narcotráfico es muy activo. En Méjico, por ejemplo, en los primeros 7 meses de este año ya han sido asesinados, 9 periodistas.
En nuestro entorno no se ha llegado, a estos extremos hasta el momento, por lo que cuesta internalizar este panorama, pero no por ello podemos sentirnos del todo seguros. En Sudamérica, tenemos demasiados ejemplos de gobiernos con vocación autoritaria, que buscan cercenar la libertad de expresión por distintas vías. Unas veces de manera más desembozada, otras acudiendo a métodos más sutiles aunque no engañen a nadie que esté atento a esta clase de señales, como ser el manejo discrecional de la publicidad oficial que afecta sobre todo a los medios más pequeños. En marzo pasado, en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hubo una vívida representación de lo que ocurre con la prensa en Venezuela. Una vez presentado el capítulo venezolano, una alta dosis de tensión se apoderó de la sala, cuando un grupo de pseudos periodistas, evidentemente a sueldo del gobierno chavista, con increíble prepotencia y de forma amenazante, comenzaron a agraviar no sólo a la SIP, sino a Marcel Granier, el ex dueño de RCTV. la popular Radio Caracas, perseguida hasta que cerró, así como a Guillermo Zuloaga, propietario de Globovisión, la fuerte voz independiente que no claudicaba ante las presiones del mandamás. Y aquello no terminó ahí, sino que lo detuvieron al llegar a Caracas, por supuestamente haber dicho falsedades respecto del Presidente, en dicha reunión, ordenándole prisión domiciliaria. El 11 de junio pasado, la fiscalía los acusó a él y a su hijo, por el delito de "agavillamiento", extraño término que se entiende como "asociación para delinquir", y también por "usura". Aparte le cayeron con rebuscadas inspecciones y el mismo ánimo persecutorio, al banco de un socio de Globovisión.
Con la cuasi inexistente división de poderes y las pocas garantías que hoy ofrecen los procesos judiciales, los Zuloaga se vieron obligados a dejar su país. Han hecho una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en busca " de la justicia que no encuentran en su país, retando al Presidente Chávez y a su gobierno a que acudan ante la misma Comisión, a intentar probar sus acusaciones". Sin embargo, la respuesta de Chávez ha sido muy otra. Gracias a la intervención decretada al banco mencionado, esta semana anunció que será nombrado un representante del Estado en la Junta directiva de Globovisión, agregando que otro 20% del paquete accionario que pertenecía a Teófilo Núñez, uno de los fundadores, quien murió en el 2007, también pasará a manos del Estado, lo que da en total un 48.5%. Haciendo mofa frente a un público complaciente terminó diciendo que nadie podría decir que lo estaban expropiando. "Nos estamos incorporando al negocio". Una de las formas de amordazar a la prensa, es disfrazándolo con leyes, (Ecuador, Bolivia, etc.) disimuladas bajo premisas que suenan bien. "Combatir a los monopolios", "la protección de valores culturales" o con medidas como esta, que bastante recuerdan a las acciones del gobierno contra Papel Prensa en Argentina.
Sin embargo, todos debemos tener muy presente que si hay un elemento distintivo de la calidad de una sociedad civil y de la vigencia de los contenidos republicanos, ése es la existencia de una prensa libre que salvaguarde los derechos y las libertades.