Polémica en la Aduana

Históricamente, la Aduana ha sido un ambiente polémico en Uruguay, un país nacido en torno a un puerto, donde circulan mercaderías de todo tipo, y que muchas veces usan nuestro territorio simplemente como lugar de paso en camino a su destino final. Pero en las últimas semanas el asunto ha tomado un tono más virulento, con el choque entre la Justicia y el actual director de la repartición, Ricardo Prato.

El tema se inició con una especie de duelo personal entre Prato y el juez de Aduana Gustavo Pini, que ha escalado varios decibeles con una sentencia del Tribunal de Apelaciones que dio la razón al segundo, y con declaraciones del jerarca aduanero que no dejó títere con cabeza. Pero detrás de este enfrentamiento puntual, hay un aspecto que subyace y que parece pasar desapercibido en la polémica, que es el choque entre dos sectores económicos de relevancia: por un lado las marcas internacionales que buscan enfrentar la piratería y la falsificación, y por otro la pujante industria que se mueve en torno a la logística portuaria.

El nuevo director de Aduanas es un hombre sin medias tintas. En menos de un año de gestión ha tenido siempre un perfil alto (aunque no tanto como varios de sus predecesores), y en declaraciones al semanario Búsqueda la pasada semana terminó de remover el avispero, acusando a los jueces de "esquivarle el bulto" a los casos aduaneros y a los funcionarios de su repartición, de no profundizar en los casos de delitos registrados, y que por eso Uruguay es un país con contrabando pero sin contrabandistas. Más allá del tono de algunas de sus palabras, hasta ahí parece ser el caso comprensible de un jerarca que busca hacer bien su trabajo.

Pero hay aspectos de las declaraciones de Prato que no parecen tan sencillos como él las hace ver. El jerarca expresa su indignación porque la justicia le exige más pruebas a la hora de abrir los contenedores en tránsito. Que antes con sólo un 10% de sospecha ya se procedía a la inspección, y que ahora "hay que dar muchas más explicaciones a los jueces". Según Prato, eso no debería ser así, ya que entiende que es una potestad de la Dirección de Aduana el decidir por sí misma, si puede abrir o no un contenedor al que considera un simple "envase", que transita por el país.

¿Por qué es tan sensible el tema de los contenedores en tránsito? Resulta que uno de los aspectos que más ha favorecido el impactante desarrollo portuario en los últimos años, es justamente el tema del tránsito de mercaderías. En un país pequeño como Uruguay, un puerto que quiera ser líder regional no puede abocarse sólo a manejar los productos que entran y salen de nuestro mercado. Debe apostar a ser el centro de paso y manejo de mercaderías que van hacia otros países, algo que Montevideo viene haciendo con gran eficiencia, desarrollando una industria logística que genera al país muchos ingresos y puestos de trabajo genuinos y bien remunerados. Tan así es que hoy en día, un 55% de los contenedores que circulan por el país (unos 300 mil) están en esa situación.

Lo que muchos que se mueven en esa industria critican de la Aduana uruguaya, es que su exceso de celo al abrir contenedores a la primera sospecha, genera graves problemas de confiabilidad en su actividad, ya que a nadie que envía productos le gusta que le abran los contenedores en cada puerto que toca. Además, sostienen que al estar esos contenedores de paso en Uruguay, en caso de haber contrabando, se trata de un problema del país de destino final del mismo, y que se cumpliría con simplemente avisarle a la aduana de ese país acerca de las sospechas existentes.

La polémica genera muchas inquietudes. Por un lado nadie quiere que Uruguay se convierta en un país de tránsito para contrabando, drogas, o armas. Por otro tampoco parece razonable que la Aduana tenga libre potestad para abrir todo lo que se le ocurra, perjudicando a una industria que sirve al país. Al mismo tiempo, parecería lógico que sea la justicia la que dé garantías a todos (tal es al fin de cuentas su función) de que las cosas se hagan bien. Y si el problema es su lentitud o burocracia, será cuestión de los legisladores y del gobierno buscar la mejor manera de solucionarlo.

Como sucede con todos los temas importantes, se trata de un asunto complejo, lleno de aristas, y se requiere tomar en cuenta todos sus aspectos para alcanzar una solución adecuada.