Para tener información

Mientras el barrio Marconi se convierte en un campo de batalla por el choque de bandas rivales implicadas en el negocio de la droga, los vecinos de cinco zonas en torno a Montevideo formalizan una Coordinadora de Seguridad para hacer frente a la marea de delincuencia que ha trastornado el medio donde viven. A esta altura hay varias cosas claras en esa confrontación:

1) Una sociedad bastante serena como era la uruguaya, se ha transformado en un paisaje de ventanas enrejadas, puertas blindadas y vecinos encerrados, junto a otros factores que no se notan por fuera (el miedo de la gente, la alteración de su estilo de vida), por culpa de una criminalidad que crece con el paso del tiempo y se encarniza cada día más con quienes caen en sus manos.

2) Una población marginal -cuyos desoladores índices culturales y socioeconómicos son caldo de cultivo para muchas formas de violencia- es el sector que tiene los mayores niveles de crecimiento demográfico en el país, determinando así un panorama futuro por lo menos perturbador.

3) Sin olvidar el desafío de rescatar a ese sector mediante planes educativos y auxilios comunitarios a largo plazo, se impone por el momento la necesidad de hacer frente a la ola delictiva y combatirla vigorosamente, una tarea para la cual los recursos, esfuerzos y sacrificios de la policía no son suficientes. Eso provoca una sensación de desamparo en la ciudadanía, mientras miles de soldados siguen recluidos en los cuarteles sin que se les encomiende una tarea preventiva complementaria, que sería muy útil.

4) La situación actual permite que los delincuentes -y la masa creciente de infractores menores de edad- se sientan impunes ante la indulgencia de algunos magistrados y la suavidad de ciertas sanciones como la del proceso sin prisión.

5) La demagógica moral de algunos grupos los lleva a compadecerse de los delincuentes aplicando un enfoque excluyente y unos valores resbaladizos que parecerían convertir al victimario en víctima, sin considerar las medidas impostergables que la situación exige ante el desvalimiento del resto de la población.

Todo eso impone algunas reflexiones. Una de ellas obliga a pensar que la opinión pública tiene derecho a saber a quiénes enfrenta en esta lucha desigual, y por lo tanto a que se difundan los antecedentes de los individuos que la amenazan. Es habitual que en las crónicas policiales y en los informes sobre la violencia, tanto en la prensa como en medios audiovisuales, se divulguen pormenores de las víctimas, un detalle que suele abarcar desde su estado civil, su edad, su oficio, su domicilio y su familia, hasta ciertos hábitos de su intimidad, mientras en cambio no se dice casi nada sobre los agresores.

La emergencia actual impone sin embargo que se publiquen referencias más amplias para ubicar debidamente a los delincuentes y sacar algunas conclusiones al respecto, aunque esa posibilidad está entorpecida por la destrucción del prontuario que se lleva a cabo cuando los delincuentes cumplen la mayoría de edad, permitiéndoles así lavar una foja que queda ignorada. Una mayor información tendría empero que aludir a los estudios que han cursado (si es que lo hicieron), a los trabajos que han desempeñado (aunque no siempre existen), al medio familiar en que conviven, al lugar donde fijan domicilio (en caso de que haya uno) y a la foja policial que tengan, incluyendo el carácter y la gravedad de cada episodio. Sólo así la ciudadanía podrá tener una idea clara sobre la procedencia, los antecedentes, el entorno y las costumbres de la criminalidad, y por lo tanto de los grados de peligrosidad, de reincidencia y de cercanía de ese submundo que la acecha. Porque la delincuencia muchas veces es producto de la alarmante disponibilidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, de núcleos familiares desintegrados, de vida callejera, de penuria económica o de consumo de narcóticos. Los ciudadanos tienen derecho a saber.