Palos de ciego

Fue una semana pródiga en declaraciones frenteamplistas destempladas. Entre el discurso del presidente Lacalle Pou y su posterior comparecencia en la entrevista central de Subrayado, está claro que el gobierno recuperó el centro del ring, como había reclamado el mandatario.

Concomitantemente, la oposición política y sindical incurrió en una hilera de derrapes comunicacionales, indicativa de su manifiesta voluntad de cuestionar todo, con o sin razón, con fundamento o lisa y llanamente payando.

La intendenta Cosse salió al cruce de los anuncios formulados en el discurso a la Asamblea General del 2 de marzo, con una crítica profunda y de gran elocuencia: “Creo que Uruguay no tiene rumbo y… me parece que necesitamos más que nunca un rumbo y… falta rumbo”. Es lo único que declara últimamente la jerarca departamental cuando le preguntan sobre el gobierno; ¿será un homenaje subliminal a aquel querido grupo de canto popular de la apertura democrática, donde se iniciaron Laura Canoura, Mauricio Ubal y Gonzalo Moreira?

Enseguida un periodista de canal 4 le pregunta por la rebaja tributaria anunciada por el presidente y su respuesta es: “a ver, yo no escuché el discurso. Escuché una mínima parte, en uno de los momentos en que dispuse de tiempo… mínimo… hubo un aumento de IVA que nos afectó a todos, ahora hay una medida para 80.000 personas, bravo… falta rumbo… falta rumbo tributario, sin duda”.

La verdad que tamaño despiste nos hizo acordar al que exhibió el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuando -entrevistado en un programa de información política de canal 12, días antes del balotaje de 2019- declaró que el documento Compromiso por el País de la Coalición Republicana le parecía malo y, cuando le preguntaron con qué discrepaba, admitió que no lo había leído. Son pequeñas perlas que evidencian inmejorablemente la actitud de negación irracional de una izquierda que, en lugar de prepararse para ejercer su rol con conocimiento y argumentos, improvisa para exacerbar frívolamente a su núcleo de fanáticos.

Con la misma liviandad, Fernando Pereira sorprendió a tirios y troyanos al salir en defensa y elogio del carnavalero que insultó soezmente a Laura Raffo en un show del Teatro de Verano.

Cuando en las filas propias ocurre un papelón de esa entidad (nadie está a salvo de ello), lo lógico es pedir las disculpas del caso lo más rápido posible, como bien hizo el murguista, y pasar a otro tema.

Que el presidente del partido opositor vuelva sobre el asunto es más que un tiro en el pie: solo puede interpretarse como la obstinación de justificar lo injustificable a cualquier precio. Dijo que el espectáculo de este año de esa murga es “para encuadrar. Probablemente el mejor espectáculo de murgas de más de una década y un gran aporte a la cultura” (sic). Justificó la grosería proferida en “los riesgos que tiene el arte popular”, que pueden dar lugar a “algún exceso”, pero que “esto no debería servir para demonizar a un gran artista y mucho menos para que estos grandes dejen de hacer humor sin autocensuras”.

Buenísimo: ¡piedra libre a los insultos machistas, entonces, sin autocensura! Qué desastre.

Lo de Julián Rocha, el inefable alcalde frenteamplista de Barros Blancos, también forma parte de este anecdotario. Se negó a recibir al ministro Martín Lema porque “nunca avisa cuando viene, quiere venir a saludarnos y la verdad es que políticamente no es correcto”. Se ofendió porque una autoridad nacional no le pidió permiso “para venir a mi territorio”.

No tenemos los problemas de los españoles, con los movimientos separatistas vascos y catalanes, pero atención: por obra y gracia del MPP, Barros Blancos aspira a convertirse en zona liberada, con un señor feudal que se siente dueño de su territorio… Desastre al cuadrado.

Para completar esta enumeración, habría que agregar a los docentes que ocuparon el liceo 41 de Montevideo, en el primer día de clases. Resultó hasta gracioso, aunque en realidad fue muy triste, que ante la respetuosa demanda policial de finalizar la ocupación ilegal, los docentes exigieron la presentación de una carta firmada por el Ministerio del Interior. Había una del Ministerio de Trabajo, pero no les pareció suficiente.

¿Desde cuándo un puñado de funcionarios que realiza una actividad ilícita -la ocupación de un edificio público- tiene derecho a reclamar un documento como condición para deponer su actitud? Desastre al cubo.

Si siguen con ese nivel de virulencia irresponsable, ¿qué nos espera para el año electoral?