El título de este editorial puede parecer engañoso, ya que no se trata de la rendición con que el gobierno se ha entregado de pies y manos ante el gobierno argentino, -y no sólo en el caso del G20, donde se nos lanzó a compartir la calidad de paraíso fiscal junto a Vanuatu, que ni figura en el Almanaque de Selecciones y a Brunei, un pequeño Sultanato asiático de solo 300.000 habitantes y 5.000 kilómetros de superficie- sino que está dirigido a analizar los términos de la última ley de Rendición de Cuentas.
Como primer ejemplo de una desastrosa gestión, debe señalarse que comienza por reconocer que en el ejercicio 2010 el gobierno registró un déficit de $11.879:708.000 en la ejecución presupuestaria y de $15.263:571 por concepto de operaciones extra presupuestales, lo que totaliza la no modesta suma de más de veintisiete mil millones de pesos (!), que los sufridos contribuyentes y los inversores deberán pagar, acumulándolos a los otros miles de millones que ya se habían autorizado en el presupuesto para la totalidad del período. En segundo lugar, sigue llamando la atención que las leyes de rendición de cuentas, que normalmente eran breves, en este caso se han extendido a más de 300 artículos, pareciéndose más a nuevas leyes de presupuesto que a sencillas rendiciones sobre la forma en que se está dando cumplimiento a los créditos autorizados por el Parlamento.
Otra vez la tarea de contralor que la Constitución confiere al Poder Legislativo se ha transformado en la de un simple cajero al cual recurre el Ejecutivo para que le cubra los excesos, que además se registran en un momento de auge del comercio internacional que no ha sabido aprovecharse.
La lectura de la ley, además de tediosa para algunos, sirve para poner de manifiesto como, pese a las dificultades del erario y al déficit fiscal, se siguen creando oficinas públicas, como una Agencia de Compras y Contrataciones del Estado en calidad de órgano desconcentrado, vestida con la sigla de ACCE, como si no hubiera otras que pudieran asumir esa tarea, agregándola a la selva de siglas ya existentes y a la cual se le adosa un Consejo Directivo de seis miembros, todos ellos a designarse "por el Presidente de la República"; se autoriza también al Presidente, que es el dueño y señor del plan de viviendas sociales denominado "Juntos" a que destine a ese proyecto el producido de la venta de la Casa Presidencial de Punta del Este, que fuera donada al Estado con ese fin y no el de construir viviendas para otros; se reglamenta un "Sistema Nacional de Registro de Empresas" con un Consejo Consultivo de once miembros; se incrementan partidas para contratar personal en el Ministerio de Economía y en la Dirección Impositiva: se le da más dinero al Ministerio de Relaciones para una Unidad de Análisis Estratégico y se consuma, dentro de la misma Secretaría de Estado la discutible norma que permite a los funcionarios profesionales ingresados, "con posterioridad al 31 de diciembre de 1985", desempeñar funciones en el exterior.
El Ministerio de Ganadería no está ajeno a esa lluvia de dádivas, ya que se le incrementan las partidas de servicios personales y equiparaciones y se le crea otra Dirección General; ni tampoco el de Transportes, donde también se crea una nueva Dirección Nacional y otro cargo de particular confianza, agregado a los centenares que ya existen, un Director de Transporte Ferroviario para una AFE que prácticamente no funciona; ni el de Trabajo al cual le incorporan una nueva Unidad de Evaluación y Monitoreo de las Relaciones Laborales y Empleo y otra Unidad de Coordinación para los uruguayos que retornan al país, donde lo primero que va a hacer falta es coordinar sus tareas con otra Comisión similar que funciona en el Ministerio de Relaciones. A los de Viviendas y al de Desarrollo, por su parte, se les otorgan más millones para modificar la estructura de puestos y disponer nuevas contrataciones de personal e incrementar su clientelista "Red de Asistencia", sin poderse ignorar los otros millones que se le adjudican precisamente a ASSE en retribución de una desastrosa gestión.