Ni una al arco

El coordinador del diálogo social, Hugo Bai, anunció que el gobierno buscará que los uruguayos vuelvan a poder jubilarse a los 60 años. La propuesta no es un matiz ni un ajuste fino: es un giro en U. Y lo es en el peor momento posible. Porque si algo no admite improvisaciones ni guiños a la tribuna es la seguridad social.

La idea de bajar nuevamente la edad de retiro es, sencillamente, temeraria. Va en sentido contrario a lo que recomiendan prácticamente todas las buenas prácticas internacionales en materia previsional. En sociedades que envejecen aceleradamente, la discusión técnica es cómo extender la vida laboral, cómo incentivar el trabajo formal en edades avanzadas y cómo distribuir con mayor equidad intergeneracional el esfuerzo contributivo. No cómo hacer exactamente lo contrario.

Los datos demográficos son elocuentes y no admiten relato alternativo. En 2025 nacieron en Uruguay 28.903 niños. Son 20.000 menos que en 2015 y prácticamente la mitad que en 1990. Dicho en términos concretos: cada cohorte tiene hoy casi la mitad de integrantes que las nacidas en los años noventa. Eso ya ocurrió. No es una hipótesis: es un hecho.

Hoy ya hay la mitad de niños en los preescolares. Pronto habrá la mitad en los cuadros de baby fútbol. Luego serán la mitad en el ocio nocturno adolescente y en la universidad. Y en pocos años el ingreso anual a la fuerza laboral será poco más de la mitad del actual. La población total no caerá en el corto plazo, pero su composición cambiará de manera dramática. Lo único que crecerá, y de forma sostenida, será el grupo de mayores de 60 años.

El exdirector del INE, Diego Aboal, viene insistiendo sobre este punto: Uruguay está atravesando una transformación estructural de su pirámide poblacional. Eso implica menos trabajadores activos por cada pasivo, más presión fiscal y más tensión sobre el gasto público. Es una realidad aritmética, no ideológica.

En ese contexto, el anuncio de Bai suena a liviandad. Desandar la reforma previsional impulsada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou no es un gesto neutro. Fue una reforma incómoda, políticamente costosa, pero respaldada desde el punto de vista técnico. Podrá discutirse su diseño, pero nadie serio niega el problema de fondo: el sistema anterior era financieramente insostenible.

Las generaciones jóvenes ya cargan una mochila pesada. El envejecimiento poblacional incrementará inevitablemente el peso de las personas dependientes sobre quienes trabajan. Eso ocurrirá hagamos lo que hagamos. Pero hay decisiones que agravan esa tendencia y otras que la amortiguan. Facilitar retiros más tempranos la agrava.

Uruguay arrastra, desde hace décadas, arreglos de economía política que transfieren recursos de manera sistemática hacia las cohortes de mayor edad. En vez de corregir ese sesgo, la propuesta oficial lo profundiza.

Resulta difícil no advertir la contradicción. No se puede hablar con solemnidad de pobreza infantil mientras se promueven medidas que incrementan el peso fiscal sobre generaciones cada vez más pequeñas. Bajar la edad jubilatoria no es gratis. Implica más años de cobro y menos años de aporte. Implica mayor presión sobre las cuentas públicas o mayores impuestos sobre una masa laboral que, además, será más reducida.

Acá hay dos opciones. La primera es asumir que dado que Hugo Bai es economista algo entiende. Está hipótesis sería consistente con su personal resistencia a participar del temerario plebiscito de la seguridad promovido por el PITCNT en 2024. En ese caso todo esto se trataría solo de un teatro para la tribuna y las condiciones que se impondrán para quien efectivamente quiera retirarse a los 60 serán absolutamente inconvenientes. Un saludo a la bandera habilitando formalmente la jubilación a los 60 pero en la práctica casi nadie recurriría a tan inconveniente posibilidad.

La segunda es que Bai y el gobierno estén totalmente coptados por lo peor de la izquierda uruguaya y que hagan está propuesta para dinamitar nuestro sistema previsional: consciente o inconscientemente.

Lo seguridad social no es un campo para experimentar. En ausencia de un rumbo claro en materia de desarrollo, el gobierno parece optar por refundaciones simbólicas que satisfacen a su base política pero erosionan la sostenibilidad de largo plazo.

Señales hacia adentro, costos hacia adelante. Solo discurso y épica, pero en términos de reformas que impulsen el crecimiento, aumenten la productividad y distribuyan mejor las cargas entre generaciones ni una al arco.