Los jueces de Berlín

DE varias formas en nuestras páginas especializadas se reprocharon en las oportunidades en que correspondió hacerlo, excesos del senador Rafael Michelini, ya reincidente, induciendo desde su investidura de Legislador a integrantes del Poder Judicial —concretamente a jueces— y del Poder Ejecutivo como lo son los fiscales, a tomar determinadas medidas, o instigando a renuncias y remociones de funcionarios que no tienen o pueden no tener la felicidad de coincidir con su manera de pensar. Lo hizo pasándole por encima, avasallándolo, al Principio de Separación de Poderes sobre el cual está vertebrada la organización institucional de nuestra democracia, agrediendo la independencia de criterio de magistrados y fiscales con respecto a posiciones a tomar o tomadas por ellos en lo que concierne al tema de los desaparecidos. Este es uno de los ejemplos más gruesos de intentos de presionar para obtener los resultados que el legislador considera que deben ser los adecuados como culminación de los trámites pendientes. No dudamos de la integridad, de la honestidad intelectual y de la impermeabilidad de nuestra Justicia para responder con dignidad y resistir a estas interferencias inadmisibles, pero no podemos olvidar que el gobierno del país cuenta con mayoría absoluta de votos y de representación del Parlamento, que ese mismo Parlamento tiene el poder constitucional de dinamizar la carrera de los jueces, y que el Poder Judicial no tiene presupuesto independiente.

HOMBRE de carne y hueso al fin y al cabo, el juez puede en algunos casos sucumbir ante la fuerza de la presión, no solo de un legislador sino de sectores de propia opinión pública altamente sensibilizados, sesgados por activistas y entonces fallar no de acuerdo a derecho como es su obligación, sino bajo la influencia de factores extralegales pero de gravitación política. Ya sucedió en gobiernos anteriores. Ahora, por ejemplo, sin que esto implique reproche a nadie, cuesta entender que después de tres años de prisión —y sin que exista todavía acusación fiscal— pueda negarse la libertad anticipada a personas procesadas por delitos que es cierto, afectaron seriamente nuestra economía causando un daño enorme, pero cuya pena máxima es de cinco años y al paso que vamos por temor a una reacción puede estarse consagrando de hecho algo parecido a una prisión perpetua. No estamos abogando a favor de nada ni de nadie y comprendemos la indignación popular y en especial la de los que perdieron su dinero. Pero la innegable conmoción social que causaron los hechos tiene que encontrar algún día el punto de equilibrio con la sanción que les impone la ley a este tipo de conducta, que aunque pueda considerarse demasiado leve, es la ley. De acuerdo a lo que se ve en la prensa, hasta parece que a algunos les interesara más que esta gente esté recluida en los lugares en donde más puedan sufrir su encarcelamiento, que la devolución de sus caudales invertidos, no importa si asumiendo riesgos evidentes a conciencia o no, en un banco que se fundió entre otras razones por mal manejo o por dolo de los responsables de su gestión.

ASI puede ser considerado un agravio a la sociedad el negarle un derecho reclamado en juicio a un o a unos ahorristas perjudicados por la quiebra de un banco, o amparar una demanda cuya procedencia por razones jurídicas no se puede discutir, si es promovida por funcionarios bancarios que tuvieron cargos de importancia en los mencionados bancos, como si ello les inhabilitara a que se les reconozca lo que les corresponde.

En un país erizado, trabado por sus dificultades para mirar hacia adelante y dar vuelta una página negra de su historia, y en el cual la crisis bancaria de 2002 dejó un apreciable tendal de depositantes frustrados muchos de los acusados que pueden considerarse culpables —hay otros que no pero que han sido elegidos como chivos emisarios de las omisiones de contralor muy graves del Banco Central ahora reconocidas plenamente— no por ello dejan de ser individuos de la especie humana con derecho a la vida. Y su única garantía es precisamente la de la objetividad e imparcialidad de los Jueces.

LA fortaleza de este gobierno mayoritario con tendencia a caer en la soberbia, no ha degenerado afortunadamente hasta el momento en la salida de los carriles democráticos. Pero no siempre alcanza con el mero respeto a las formas pues hay procedimientos sutiles para desviaciones que comprometen derechos y libertades. Como algunas se han, digamos, que insinuado por lo menos en los ejemplos a que nos referimos, nunca estará demás recordarle a quienes pudieran olvidarse hasta sin querer de los límites de su autoridad, aquello de que "todavía quedan jueces en Berlín".

A pesar del esfuerzo de las autoridades de transmitir tranquilidad a la población recurriendo a cifras comparativas y estadísticas, la sensación de inseguridad aumenta. Lo que nunca se había visto en Montevideo, ahora comienza a hacerse frecuente. Casas con cercas eléctricas y alarmas sincronizadas, son otra opción para defenderse de los robos. Punta del Este vive un momento inusual en ese sentido, a pesar de que la jerarca policial del departamento se esfuerza en minimizar el problema. En este preocupante contexto, la postura del gobierno es sacar adelante la ley que liberará a unos 700 u 800 presos. Todo esto tiene efecto colaterales muy preocupantes. Ante el aumento de la inseguridad y la sensación de desprotección que siente buena parte de la población, no son pocas las personas que han optado por asumir su propia protección consiguiendo un arma. ¿En dónde termina todo esto? Nadie lo sabe. Pero no será nada bueno. Tanto para la gente honesta de este país, como para los delincuentes, las autoridades deberían dar señales muy firmes y contundentes en materia de prevención y de represión de los delitos.