Libertad de expresión

ESTA página ya opinó sobre el tema, pero la resonancia que ha cobrado permite volver a él. No ha sido una tormenta de verano, aunque sí un chaparrón de otoño, desde que comenzó el revuelo a nivel oficial y periodístico en torno al Instituto de Radioterapia del Hospital Pereira Rossell, al servicio que allí se presta y a las omisiones que podrían haberse cometido en el mismo. El caso llegó a tener su magnitud, pero no por los detalles (a veces pintorescos y otras veces penosos) de su evolución, sino por los alcances que finalmente asumió y que se ubican más allá del hecho, ya que el debate superó los límites que parecían corresponderle y enfrentó verbalmente a figuras gubernamentales con los medios de comunicación, provocando cuestionamiento de parte de dichas figuras hacia la intención con que tales medios habrían formulado sus apreciaciones.

DE esa manera la situación desembocó en lo que no debió producirse: en acusaciones a la prensa, cuyas puntualizaciones sobre lo ocurrido en el Instituto Nacional de Oncología y en aquel Instituto de Radioterapia fueron descalificadas por dos integrantes del Poder Ejecutivo en mérito a una supuesta "intencionalidad política".

Las cosas no se detuvieron allí, empero. Mientras figuras del gobierno llegaban a hablar de "una campaña mediática con motivaciones políticas", se agregaba que "era falsa" alguna información publicada sobre la omisión de asistencia a pacientes oncológicos y hasta se añadía que algún medio de prensa llevaba "una campaña personal" contra un integrante del gabinete ministerial, calificándose como "patrañas" algunas de tales afirmaciones periodísticas, anunciándose que podían iniciarse "acciones legales contra quienes publicaron eso" y señalándose que "una cosa es libertad de prensa y otra es libertinaje".

LA escalada culminó con la acusación lanzada por un senador de la bancada oficialista, quien definió a un semanario montevideano como "un instrumento que trabaja para la derecha y para los partidos tradicionales", pronunciamiento que "determinó a los periodistas del semanario a iniciar acciones legales por daño profesional" considerando que dicho legislador "está afirmando que los profesionales del semanario reciben instrucciones sobre lo que deben informar y escribir". Los implicados agregaron que "el agravio está calificado por provenir de un senador de la República, que debería defender y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, en lugar de hostigar a periodistas y medios".

Ese, en todo caso, es el fondo del asunto. Ya no se trata de reconocer o negar sucesos ocurridos en un servicio de salud pública y tampoco se trata de desmentir o apoyar a las figuras que opinaron sobre esos hechos, intercambio que parece haber sido la gimnasia verbal del episodio.

SE trata en cambio de la libertad de expresión y de comunicación que es puesta en tela de juicio cuando se trata de presionar sobre los medios (o se intenta descalificar su información) desde una posición de poder político. El tema es doblemente delicado no sólo por su índole sino por ocurrir en este país, donde la prensa y demás medios no suelen enfrentar ese tipo de cuestionamiento virulento desde los cuadros gubernamentales. Para aplacar los ánimos y volver a colocar las cosas en su sitio, el presidente de la República se pronunció al respecto el miércoles 8. Lo hizo durante la visita que efectuó a la sede de una agencia internacional de noticias.

ALLI señaló que "en el Uruguay existe la más amplia libertad de expresión y comunicación", agregó que en el gobierno "no existe ningún tipo de expresión para flechar la cancha", se comprometió a "salvaguardar esas libertades a lo largo de su gestión", puntualizó que "cualquier uruguayo puede expresar su opinión libremente sin temor a ningún tipo de represalia" y aclaró que eso "no es un logro del gobierno sino de la sociedad en su conjunto y va a estar garantizado a lo largo de todo este gobierno".

No parece casual un pronunciamiento tan enérgico, explícito y hasta reiterado, dado el momento en que el mismo se produjo. Suena en todo caso como la reafirmación de una verticalidad en materias tan sensibles como la libertad de expresión o de comunicación, pero además —y al margen de todo lo precedente— luce como una opinión definitiva, destinada a cerrar el episodio, luego de actitudes, declaraciones y términos poco felices (en ocasiones incluso violentos) de parte de integrantes de la plana mayor de ese mismo mandatario.

Es particularmente llamativo que nada menos que el 45% de los 60.000 profesionales universitarios que hay en Uruguay, declare que no ejerce su profesión.

Puede ser que buen número se desempeñe en actividades distintas a la de su profesión. Puede ser también que haya quienes declaran tal cosa para no realizar aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

En ambos casos, se trata de situaciones no deseables. En el primero, porque resulta triste que luego de años de esfuerzo como estudiantes (que además significaron un alto costo para el país), haya profesionales que tengan que trabajar en ocupaciones ajenas a su vocación. En el segundo, porque daría la impresión que los aportes resultan demasiado gravosos y que por ende se haría necesaria una flexibilización del régimen.

Realidades, que afortunadamente ya han advertido los candidatos que se postulan para las elecciones de representantes en el Directorio de la Caja correspondiente.