Las balas “pican” cerca

Frente a una sociedad que parece anestesiada, ante el aumento de la violencia criminal, el hecho ocurrido la semana pasada, es un hito que no debería quedar en la nada. Hablamos del episodio en el que un grupo de sicarios, abrió fuego indiscriminadamente contra una multitud que asistía una “picada” de autos ilegal, asesinando a un niño de 12 años, y dejando gravemente heridas a otras personas.

El hecho marca un nuevo hito en el crecimiento de la audacia y violencia de las banditas de narcos que dominan en tráfico de drogas en ciertas zonas del área metropolitana. Se sucede al quíntuple homicidio ocurrido hace unos días en Villa García, del cual estos hechos parecen ser una represalia.

Hay varios puntos que muestran que esta escalada furibunda de violencia criminal no es similar a otras. Primero, la cantidad de víctimas, sus edades y género. Aquí se han roto todos los códigos que en otros tiempos obligaban a los criminales a respetar a mujeres o niños. Ya no hay líneas rojas, al parecer.

Lo segundo, es la ubicación geográfica y la forma. El último episodio ocurrió un viernes de noche, en plena rambla de Montevideo, a la altura del Parque Rodó. Hablamos de una zona muy transitada, que hoy concentra buena parte de la vida nocturna de la sociedad, y donde cada fin de semana se juntan miles de personas, de todo origen social y económico. Y la forma, porque el nivel de delirio criminal de los autores de ataque, muestra que no les importa ni por un segundo, cobrar la vida de decenas de inocentes que atinan a pasar por el lugar, con tal de lograr su objetivo homicida.

Si viviéramos en tiempos más normales, este ataque debería haber generado un estado de shock en la sociedad, no muy distinto al que en algún momento generó aquel asesinato a sangre fría de un trabajador en un restaurante de La Pasiva. Pero entre el penoso acostumbramiento gradual a estas noticias, y el falso sentido de seguridad que buscan transmitir las autoridades, con las versiones de que se trató “apenas” de un ajuste de cuentas entre familias rivales del tráfico de drogas, parecería que nadie está particularmente impactado.

Se trata de una actitud pusilánime y suicida.

No se puede aceptar pacíficamente que en un país como Uruguay, haya gente resolviendo sus conflictos delictuales a ráfagas de metralleta en la zona más turística de la capital, y en medio de cientos de ciudadanos inocentes. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Lanzar una granada contra una multitud porque allí está justo el sobrino de un narco?

Aquí hay claras responsabilidades públicas, de corto, medio y largo plazo, que no se pueden disimular.

Las de corto plazo son obvias. Vivimos en una ciudad donde usted recibe una multa millonaria en su casa, a las pocas horas de atravesar un semáforo en rojo, o por circular a 60 km por hora en una zona de 45 a las 3 de la mañana, cuando no hay nadie en la calle. ¿Cómo puede ser entonces que 300 o 400 personas se junten en la rambla de Montevideo a hacer una actividad ilegal, y ni la intendencia ni la policía hagan nada?

Esta pasividad oficial, esta tolerancia con la violación de algunas normas básicas de convivencia (mientras se es tan estricto con otras), genera la sensación de impunidad que termina habilitando esta acción criminal.

Por otro lado, no se puede aceptar que la policía tenga claro con el nivel de detalle que nos hemos enterado en las últimas horas, de la violencia que está desatada entre ciertas bandas criminales, y no haga nada.

Cualquiera que lea la terrible crónica publicada el pasado domingo por este diario, quedará en shock ante la incapacidad de actuación de la justicia y la policía, en contraste con la información que manejan. Hablamos de bandas familiares, de crimen claramente desorganizado, y contra el que sin embargo, nuestro sistema no logra provocar una sanción que desestimule al delito.

Por último, y pensando en el largo plazo, hay un claro fracaso del sistema de protección social. De vivienda, de educación, y de asistencia social, que hace que zonas particulares de la capital del país, se hayan convertido en terrenos de incubación de delincuentes, cuyo nivel de salvajismo no tiene nada que envidiar a los de México o América Central. ¿Cómo puede pasar esto en un país como Uruguay? Hay que hacer cambios profundos en todas estas áreas, hacer explotar las chacritas y privilegios, y mostrar resultados.

Pero, mientras tanto, urge que la sociedad se despabile, y exija a las autoridades medidas urgentes, que frenen este avance criminal. ¡Ya!

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