La violación grupal del Cordón

La jueza penal, Blanca Rieiro, absolvió a los tres imputados por el caso de la violación en el Cordón. La audiencia duró apenas una hora, que alcanzó para que quedara claro que no había prueba alguna que permitiera condenar a los tres jóvenes, en uno de los casos más polémicos de los últimos años. Uno que dejó en evidencia las enormes carencias en garantías que da el sistema penal hoy a los acusados (sobre todo si cuentan con determinada combinación de cromosomas), el desastre que es el funcionamiento de la Fiscalía, y la falta de sentido crítico de buena parte de la prensa nacional.

El episodio es por todos conocido. Una joven que denuncia haber sido violada por tres personas, que alegan que se trató de un vínculo consensual. Una denuncia que llegó a los medios antes que hubiera actuaciones mínimas que permitieran a la justicia actuar. Una opinión pública que, azuzada por los activistas y fanáticos habituales, condenó por anticipado a los acusados. Y eso fue recién el comienzo del drama.

Después, la cosa se puso peor. La difusión por parte del periodista Ignacio Alvarez de unos audios que volcaban serias dudas sobre la acusación, generaron una tormenta. Una fiscal y una juez que ordenaron allanar un medio de prensa y requisar el teléfono de un periodista para averiguar la fuente de esos audios. Algo que podría pasar tranquilamente en Nicaragua o Venezuela. El Fiscal de Corte subrogante que dice muy suelto de cuerpo que no pasó lo que la Policía dice (y todos vimos) que pasó.

Como si eso no fuera suficiente, este Fiscal de Corte recibe con una prestancia y velocidad sospechosa al mismo grupo de activistas que instigó la condena anticipada de los jóvenes, y sanciona a un fiscal que había tramitado que los mismos pudieran tener prisión domiciliaria mientras se gestionaba el caso. Si bien, hay que decirlo, la sanción se atribuyó al archivo de otras 300 denuncias de abuso sexual, que no tenían actividad procesal hacía años.

Casi tan asombroso como que en un país con una larga y honorable tradición en materia legal y judicial, es la actitud de buena parte del estamento periodístico nacional. No solo se hizo eco de la denuncia, no solo condenó anticipadamente a los jóvenes, no solo asumió como propia la actitud antijurídica de las organizaciones de activistas, sino que pretendió silenciar y sancionar moralmente a su colega Alvarez, por hacer su trabajo. Un trabajo que, hoy queda claro, fue clave para que tres inocentes no fueran condenados.

No puede faltar un comentario sobre el papel triste del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Que ante este panorama, y quedando ya más que claro el daño injusto al que fueron sometidos estos tres jóvenes, insiste en apelar y reclamar que el tema siga en el candelero, cuando la fiscal dice que agotó los esfuerzos probatorios sin lograr nada para siquiera acusar a los imputados. ¿Acaso este nuevo rol de representación de la presunta víctima, justifica el ensañamiento y el gasto de recursos públicos en seguir adelante con la causa? ¿Hay alguna posibilidad de que cambie el fallo, o es solo para cumplir con ciertos grupos y fogonear el ansia de protagonismo de algunos?

El caso todavía es susceptible de apelación, pero el planteo de la fiscal deja bastante claro que no hay pruebas sólidas, ni siquiera con este sistema, como para condenar a los acusados.

Lo sucedido con este caso debería llamar a reflexión a toda la sociedad. Primero, sobre el inaceptable grado de indefensión que padecen los acusados en este tipo de delitos. ¿Quién devuelve a esos tres jóvenes la vida que perdieron en este tiempo, y que ahora queda claro fue de manera injusta? ¿Vale más la vida y el honor de una presunta víctima que la de los acusados? ¿Es eso justo?

Segundo, lo maleable de la opinión pública y buena parte de sus comunicadores a las presiones de grupos de activistas organizados. Luego de más de un año de investigación, ¿una fiscal no encontró pruebas mínimas siquiera para acusar, pero el 90% de los periodistas ya había dictado sentencia? ¿Y no solo se ofendían porque un colega iba en otra dirección, sino que festejaban que se violaran sus derechos básicos?

Este caso es apenas una perla más de un sistema penal, y hasta de una sensibilidad social, que han sido llevados a unos niveles de falta de garantías y de abuso totalmente inaceptables. Se puede compartir los motivos de fondo que llevaron a esta situación, pero si hay algo que es clave para definir a una sociedad democrática sana, es que el fin, jamás puede justificar este tipo de medios.