La reforma de “nuestros hijos”

La reforma de la seguridad social no es un invento del gobierno, sino el fiel cumplimiento de lo establecido en el Compromiso por el País (las bases de la coalición republicana) y que, como tal, era una promesa electoral y existía la obligación de respetar.

Los socios de la coalición (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto y Partido de la Gente), habían acordado iniciar “un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el propósito de crear un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad”.

Ese tema formó parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en sus ar- tículos 392 a 398, pero no formaron parte del paquete de normas sometidas a referéndum a instancias del Pit-Cnt. Nada cuestionó sobre ellos la organización sindical y menos el Frente Amplio, tal vez porque consideraban que una reforma de la seguridad social -que en los últimos años tuvo un déficit de 600 millones de dólares- era imprescindible para el país. Uruguay tiene un serio problema demográfico: la tasa de fecundidad es de 1,4 lo que asegura que cada vez habrá menos activos para sostener cada vez a más pasivos y además -afortunadamente- ha crecido la expectativa de vida (en 1975 era de 69 años, en 2020 de 78 y para 2065 se prevé 87 años), y hay que atender esa realidad.

Desde el año 1925 -hace casi un siglo atrás- rigen los 60 años como la edad mínima para la jubilación.

La LUC creó la Comisión de Expertos de la Seguridad Social compuesta por 15 miembros de todos los partidos, porque se consideraba -con razón- que era un tema propio de una política de Estado. Como dijo el exministro y senador Danilo Astori: “Celebro la actitud del presidente, que ha sido muy positivo en ese sentido, de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país porque, este como tantos otros (temas) es una cuestión de Estado”.

Con los datos existentes era un asunto que no podía postergarse mucho más porque afectaba a los uruguayos de hoy y a los del futuro.

La Comisión de Expertos se pronunció y presentó su anteproyecto. El presidente Lacalle Pou entregó el documento a todos los partidos políticos (fue personalmente a hacerlo en la sede del Frente Amplio). De inmediato -y estamos hablando de un anteproyecto o borrador- el Pit-Cnt salió al cruce, amenazó con paros y movilizaciones (prácticamente incendiar la pradera) e incluso un grupo vinculado al transporte decretó derecho viejo un paro y dejó de a pie a los trabajadores, a los pasivos, a los niños y a todos los ciudadanos. ¡Macanudos!

No contentos con la reciente derrota en el referéndum buscan cualquier camino para arrodillar o doblegar al gobierno, aunque el país se vaya al demonio. El Frente Amplio ha perdido el liderazgo de la oposición y es el Pit-Cnt junto a su Partido Comunista (o viceversa) quienes encabezan y ahora mandan. Desesperados y con el único objetivo de atacar y causar daño aunque ello signifique perjuicios para los ciudadanos.

Y han empezado a manejar la amenaza de una nueva recolección de firmas. Pero esta vez no tendrán suerte, deberán conformarse con lo que resuelva el Parlamento, sin posibilidades de otras opciones. Hace un tiempo atrás la periodista Valeria Gil consultó a dos constitucionalistas de primer nivel (Martín Risso y Ruben Correa Freitas) acerca de la viabilidad de impulsar una recolección de firmas para anular la posible reforma de la seguridad social mediante referéndum. La respuesta fue concluyente y coincidente: no se puede. No es un tema discutible. La Constitución dice no.

“No se puede presentar un recurso de referéndum contra normas que modifiquen causales, beneficios o edades de retiro. Lo central de la seguridad está excluido, por eso la reforma no puede ser objeto de referéndum” (Martín Risso haciendo mención al artículo 86, inciso 2 de la Constitución.

“No es posible. Es una ley de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y no cabe en esos casos. Eso está muy claro” (Ruben Correa Freitas haciendo mención al inciso 1 del artículo 79 de la Constitución).

Es hora de razonar y terminar con los egos o los fundamentalismos. Si bien comenzará a aplicarse a los cinco años de aprobada la normativa, la reforma está pensada para la próxima generación, la llamada de “nuestros hijos” y que hoy andan por los 30 años de edad. Una vez más pensemos en el futuro de este bendito país.