El costo inicial del Antel Arena cuando la entonces presidente de Antel Carolina Cosse anunció la obra fue de 40 millones de dólares. Pero a medida que la construcción avanzaba la cifra empezó a caminar por un empinado repecho.

Rápidamente trepó a US$ 55 millones, luego a US$ 80 millones y finalmente al precio real y verdadero de 120 millones de dólares (US$ 119.721.147 exactamente). Esta cifra está documentada en la auditoría que trabajó en Antel desde el 2020.

El jueves pasado, la actual intendente de Montevideo y expresidente de Antel Carolina Cosse debió concurrir a la fiscalía de Delitos Económicos que encabeza el Dr. Enrique Rodríguez, y que tiene a estudio las denuncias de irregularidades por el Antel Arena que impulsó la nueva administración.

De pique nomás, Cosse calificó el episodio de “opereta política”, como si jugar con los dineros que aportan los ciudadanos vía impuestos y tarifas merece ese calificativo. Y si hablamos de “operetas”, ¿podría explicar por qué Antel, ente autónomo encargado de las comunicaciones debe construir y financiar un polideportivo? ¿Le estaba haciendo un favor a la Intendencia frenteamplista de Montevideo después de que se le quemó el Cilindro?

No contenta con eso, hizo alarde en la fiscalía de haber cumplido con su anuncio de que el costo de la obra iba a salir 40 millones de dólares porque se refería exclusivamente al edificio (la obra civil) y que los restantes 80 millones se invirtieron en la refacción del entorno del complejo, equipamientos y tecnología.

En 10 años de historia sobre el Antel Arena nunca se escuchó esa división de sectores. Ni cuando se planteó la obra, ni cuando estaba en pleno proceso, ni cuando se terminó. Siempre se manejó como una sola cosa (como los baños por ejemplo) y parece lógico.

Pero además, a lo largo del proceso de construcción se realizaron decenas de pedidos de informes de legisladores (sobre todo Pedro Bordaberry, Pablo Mieres, Jorge Gandini y Pablo Abdala), a las autoridades competentes. Otros tantos a través de la ley de Acceso a la Información Pública, tres comparecencias de Carolina Cosse al Parlamento (la primera como presidenta de Antel y las otras dos como titular de la cartera de Industria) y siempre arrojaron a lo largo de los años las mismas respuestas a las interrogantes sobre el Antel Arena: “información reservada”, “confidencial”. En una palabra, nada de nada. El manejo de la existencia del complejo fue patrimonio exclusivo de la señora Cosse, su entorno y, tal vez, de alguna autoridad por encima de ella que compartía el desprecio por la tarea parlamentaria.

La mejor descripción de lo que fue la exministra en el Poder Legislativo la hizo el entonces senador Pedro Bordaberry tras una de sus comparecencias en Cámara: “Con todo respeto debo decir que nunca vi una presentación más pobre que la que se ha hecho (hoy) en esta sala. Ya llevo varios años en la Cámara y nunca vi algo igual; nunca vi a un ministro o una ministra que llegue a este parlamento y no conteste nada”.

En la misma línea, el senador Pablo Mieres (hoy ministro de Trabajo), tras una interpelación fue duro al momento de calificarla por su negativa a informar: es “inadmisible”. “Habla muy mal de los criterios de manejo de los fondos públicos. Si ella cree que tiene que ser oculto, ser secreto, estamos en problemas. Sobre todo cuando la ministra aspira a un cargo de mayor responsabilidad”.

También hubo varios pronunciamientos del Tribunal de Cuentas sobre “el apartamiento a normas de rango constitucional, legal y reglamentario constatadas”, y el informe de la Jutep -también conocida como Junta Anticorrupción- que destaca que Antel invirtió la regla general en materia de contrataciones administrativas para su obra: usó y abusó de la “contratación y compra directa” que debería haber sido la excepción, pero la convirtió en la regla. No hizo llamados públicos ni invitó a cotizar a grupos de proveedores: simplemente contrató en forma directa y casi siempre con el mismo.

Pero todavía hay más sobre Antel y el Cosse Arena: todas las compras que se realizaron desde 2013 en adelante fueron calificadas como “reservadas” y por tanto “confidenciales” o sea, secretas para los uruguayos en general. Y el 14 de mayo de 2019, cuando el Antel Arena ya estaba funcionando, una nueva resolución del directorio del ente público declaró todo lo actuado en materia de gastos, ganancias, pérdidas, inversiones o lo que fuera relacionado con la obra, como “confidencial” por el plazo de 10 años. Secreto blindado hasta el 2029 si el Frente Amplio hubiera ganado las elecciones de ese año y las siguientes.

¿”Opereta política” la denuncia penal? ¿Está segura de eso señora Intendente?