La montaña parió un ratón

El gobierno presentó la Ley de Competitividad como la pieza mayor de su programa económico, una reforma que vendría a corregir aquello que el propio presidente Orsi resumió con franqueza: que Uruguay es un país lento y caro. El diagnóstico es correcto, Uruguay es un país caro para vivir y producir, lo que se traduce, por ejemplo, en que los salarios sean caros de pagar para las empresas, pero a la vez insuficientes para los trabajadores que los reciben. Que el gobierno coloque ese problema en el centro de su agenda es una buena noticia, el problema, sin embargo es que después de tantos anuncios sobre el proyecto lo que se presentó es francamente descorazonador.

Más de doscientos cuarenta ar- tículos, cuatro capítulos, un despliegue de ministros en la presentación: todo en la puesta en escena sugería que se trataba de una apuesta fuerte del gobierno. Pero cuando cuando se va a los contenidos (aunque insólitamente hasta hoy no se presentó el proyecto con sus correspondientes artículos) la iniciativa se revela como un catálogo de simplificaciones administrativas. Registros unificados, ventanillas digitales, trámites que se acortan o la derogación de normas obsoletas. Nada de eso está mal, más aún, buena parte es sensata y largamente postergada, pero llamar a esto la reforma fundamental de la economía es tanto una confusión conceptual como de magnitud.

Porque si de competitividad se trata, lo decisivo no aparece. El proyecto no toca los costos laborales, que son uno de los factores que más espantan la inversión y el empleo formal. No toca el costo de la energía, donde Uruguay sigue pagando tarifas que castigan a la industria y a los hogares. No toca las tarifas públicas, esa caja recaudatoria que el Estado administra con criterio fiscal antes que con criterio de competitividad. No toca el precio de los combustibles, que encarece toda la cadena productiva y golpea de lleno el bolsillo de las familias. Es decir: no toca ninguno de los grandes precios que explican por qué Uruguay es caro. Ataca algunos asuntos que está bien encarar, pero no va a cambiar el problema de fondo ni remotamente. Por eso varios economistas, incluso desde miradas favorables al gobierno, coincidieron en que el proyecto no mueve la aguja. Un comerciante de la frontera no pierde clientes porque un registro esté duplicado, sino porque del otro lado del río todo cuesta la mitad. Un industrial no cierra por un formulario de más, sino por una tarifa eléctrica que lo deja fuera de competencia. Mientras esos números no cambien, el país seguirá siendo caro por más trámites que se digitalicen.

Hay además una objeción de método que no es menor. Muchas de las medidas que el proyecto propone podrían instrumentarse perfectamente por decreto, en el ejercicio ordinario de las potestades del Poder Ejecutivo. Digitalizar un trámite, unificar un registro, eliminar una exigencia anacrónica no requiere, en la enorme mayoría de los casos, una ley. ¿Por qué entonces empaquetar todo en un mamotreto de artículos y enviarlo al Parlamento? La sospecha es que convertir en ley lo que se puede hacer por decreto sirve para entreverar la baraja, para revestir de épica reformista lo que es gestión corriente y para abrir una negociación parlamentaria de la que el texto saldrá, con toda probabilidad, todavía más recortado de lo que ya está.

Se gana titular hoy y se pierde sustancia mañana, cuando llegue la hora de los resultados, en aras de que el Ministro de Economía tenga su cuarto de hora, se resigna eficiencia, lo que da cuenta de la escasa agenda del gobierno y de que las formas importan más que los contenidos.

El rumbo es el correcto, que duda cabe que simplificar trámites es una buena noticia. Un país que se reconoce lento y caro y decide hacer algo al respecto va, al menos, por el camino adecuado. Pero el tamaño del gesto no está a la altura del tamaño del problema. Presentar como reforma estructural lo que es una correcta, pero modesta puesta a punto administrativa genera una expectativa que el propio proyecto no puede satisfacer, y ese desajuste tiene un costo político: cuando los resultados no muevan la aguja, la frustración recaerá sobre la idea misma de reformar, que es justamente lo que el país más necesita preservar.

Necesitamos una discusión en serio sobre los temas en que realmente se nos va la vida y esa discusión aparentemente no se dará en el actual período de gobierno. Con la modestia que caracteriza toda la gestión del gobierno actual, la gran reforma del Estado que prometían terminará, con suerte, en la simplificación de algunos trámites.