La importancia de los pedidos de informes

EL instrumento constitucional de los pedidos de informes por parte de los Legisladores reviste una democrática importancia durante las épocas de pluripartidismo en la administración, la que se ve incrementada naturalmente en los tiempos de monopolio, cuando el Poder es ejercido por un solo Partido. Por eso llama la atención que el Encuentro Progresista, tan protestatario ayer cuando demoraban en contestarlos el Partido Nacional y el Partido Colorado —pese a que sus representantes también ocupaban lugares en el Estado—, se muestre hoy tan omiso y lento en responderlos, cuando tienen todos los cargos de jerarquía a su libre uso y disposición.

A los partidos tradicionales le han quedado así como únicos mecanismos de contralor el llamado a Sala en las Comisiones y los pedidos de informes, con la comprobación, en este último caso, de que sus posibilidades se están viendo bastante reducidas.

Cumplido globalmente el sueño por el que clamaba la Subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (dijo: "Nosotros en el Ministerio no tenemos personas de confianza nuestra, justificando la duplicación de cargos de esa categoría), el Gobierno se ha encerrado ahora en una especie de conspiración de silencio que no le permite, ni al país ni a la oposición, saber de qué manera están utilizando ese amparo general de confianza que, finalmente, obtuvieron.

HAN logrado de esa manera la totalitaria y peligrosa oportunidad de gobernar solos —si lo están haciendo bien o mal es otro tema—; de no verse sometidos al control interno dentro de los propios organismos y de ignorar los pedidos de informes que se les dirigen. No es una buena comprobación.

La Constitución establece que los Legisladores podrán pedir a los Ministros de Estado, a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso y al Tribunal de Cuentas, los datos e informes que estime necesario para llenar su cometido, en una facultad que por otro artículo se extiende a los miembros de las Juntas Departamentales. Agrega que, si no se facilitaren los informes dentro de los plazos legales —que la ley Nº 17.673 fijó en 45 días—, el Legislador podrá solicitarlos por intermedio de la Cámara a que pertenezca, debiendo estarse a lo que ella resuelva.

Su regulación parte de la Carta de 1918, habiéndose perfeccionado en la de 1934, cuando la Comisión de Legislación recogió el texto vigente, que fuera presentado por el Partido Nacional.

EL recuerdo de esas disposiciones ha recobrado vigencia en las últimas semanas al divulgarse el número —y la calidad—, de los pedidos de informes solicitados desde el Parlamento a partir del 15 de febrero y que siguen sin contestarse o han sido contestados más allá de los cuarenta y cinco días cuyo transcurso ignoran.

Ampliados y actualizados aquellos datos, a los nueve meses de instalada la mayoría frenteamplista surge que, en un total de 339 pedidos cursados, sólo se contestaron 14 de los 37 promovidos en la Cámara de Senadores, mientras que, de los 302 dirigidos por la Cámara de Diputados no se ha dado respuesta a 176. Reduciendo el análisis a los organismos de destino, y teniendo en cuenta sólo los distintos Ministerios, se concluye que al de Educación y Cultura se libraron 35 pedidos y siguen sin contestarse 24; al de Relaciones se enviaron 24 y siguen sin contestarse 11; al de Salud Pública 26 con 14 sin respuesta mientras que el de Trabajo lo hizo únicamente a la mitad de los 22 cursados.

Por su parte, Obras Públicas no contestó ninguno de los tres que le trasmitiera el Senado y sólo se dignó hacerlo con 5 de los 24 de Diputados; Defensa Nacional tiene pendientes 10 de 19 mientras que el de Economía contestó 27 en 50. Cierran la tabla Ganadería, con 13 sin responder en 24; Industria con 26 en 38; Interior con 9 en 27; Turismo con 1 en 2 y Vivienda con 30 en 40 que le han dirigido.

A la omisión han agregado la soberbia cuando, cumplidos los plazos para evacuarlos, se solicitó que la Cámara de Diputados asumiera como Cuerpo la reiteración de 47 de los pendientes, en un trámite que los legisladores del Frente Amplio bloquearon retirándose de Sala. E incluso, en determinado momento, se llegó a denunciar en la Cámara de Representantes que de 57 pedidos de informes dirigidos por representantes del Partido Nacional, 38 estaban vencidos y en cinco a punto de caducar el plazo para contestarlos.

Habría que impulsar, por lo tanto, aunque más no sea como medida republicana de protesta, un proyecto de ley presentado por Legisladores nacionalistas en el mes de junio, tendiente a ampliar el número de entidades a las cuales se pueda dirigir la consulta; haciéndolo extensivo a la Presidencia de la República, —que en los hechos está al margen de todo pedido—, y reduciendo de 45 a 30 días el término del que hoy se dispone para responder.

Seguir tolerando el temperamento que actualmente se aplica es aceptar que el Frente Amplio se burle de la democracia y desconozca la jerarquía institucional del Parlamento, en una actitud donde el Poder Ejecutivo va a seguir apareciendo como cómplice si no ordena a sus Ministros que cumplan con la Constitución y la Ley.