Sin perjuicio de reconocer la buena voluntad de los técnicos que siguen trabajando en la realización del Censo y más allá de las críticas que se han formulado sobre algunas preguntas -como las que tiene que ver con la declaración del nombre-, o la forma en que se estructuraron otras -como el registro de las uniones entre personas del mismo sexo-, hay que tener presente que el Censo no es un invento del oficialismo sino el reconocimiento de una institución que cuenta con ciento tres años de vida.
El primer Censo Nacional se llevó a cabo en 1908 y si bien es cierto, como lo señaló Washington Beltrán en esa fuente permanente de información que es "Pamperada Blanca", que su realización periódica es una exigencia elemental para orientar y determinar cualquier política económica, sanitaria o social y que los organismos internacionales aconsejan que se lleven a cabo por lo menos cada diez años, en los hechos no se dio cumplimiento a esa exigencia hasta que llegó al gobierno el Partido Nacional. En ese sentido, en la primer ley de Rendición de Cuentas que se promoviera en 1963 se votaron recursos para realizarlo, después de un vergonzoso vacío de 55 años.
En el interregno, el conocimiento de la realidad nacional quedó librado a la capacidad de algunos especialistas, como Julio Martínez Lamas en su siempre recordado libro "Riqueza y Pobreza en el Uruguay" y a los esfuerzos aislados de una serie de profesionales que, desde una nueva disciplina que avanzaba, como lo fue la Sociología, intentaron dar respuesta a los problemas que se planteaban. Sería injusto no mencionar entre ellos a Isaac Ganón y a Aldo Solari que sembraron en las nuevas generaciones una sana inquietud por la realidad nacional, que, en algunos casos se desvió de los propósitos estrictamente académicos. Y hay que recordar también ese imponente y casi Censo que resultó de la investigación dispuesta por el titular del Ministerio de Economía nacionalista, Cr. Juan E. Azzini, tendiente a promover la creación de una Comisión que realizara un diagnóstico de la situación del país, calurosamente apoyada por Beltrán y de la cual resultara la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que entró en la historia nacional por los años sesenta al ampara de la sigla CIDE. Otro dato, que se omite pudorosamente, es que este es el VIII Censo, aunque el oficialismo quiera hacerlo aparecer como el primero, ya que el VI fue en 1985 y el VII en 1996, habiéndolo precedido otros en 1963 y 1975, además del señero del 1908.
No es ocioso recordar también que en la década del cuarenta, gobernando el Partido Colorado, se intentó quebrar la apatía anterior, en un propósito que se estrelló contra la inepcia de quienes tuvieron a su cargo la tabulación de los datos y terminó convirtiendo las centenas de miles de boletas recogidas en una montaña de papel que no dejó más rastro que el humo de su incineración. En ese, y en el más contemporáneo de los casos, lo que traicionó la voluntad de los promotores, fue la falta de confianza en quienes los promovieron. Superando la torpeza de algunas preguntas, lo que sobrevoló en el 2011 fue el recuerdo de la actitud invasiva de este gobierno, manifestada ya en la creación de un Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, dependiente del Presidente (que aún no se sabe si peleó o si fue guerrero), o en el establecimiento de unos discutibles Delegados Departamentales, que a seis años de creados y olvidados en la ley de presupuesto se pretenden rescatar ahora para solucionar los manoseados problemas de caminería. Sin olvidar los desbordes de los agentes de la Impositiva que recorrieron en el verano las casas de apartamentos en los balnearios para averiguar qué unidades se habían arrendado, y los locales de venta de automóviles tras aquellos que compraban unidades cero kilómetro. Más que la unidad del Frente, a quienes gobiernan debe preocuparles la unidad del País, el mantenimiento de la Nación y ambas se sustentan en la confianza en los gobernantes por parte de quienes son gobernados.
Confianza que está bastante deteriorada.