La gran opción: efectismo o legalidad

La falsificación y venta de pasaportes truchos catapultó al centro de la atención pública al jefe del servicio de seguridad presidencial, cuando fue abruptamente despeñado al hacerlo detener la Fiscalía competente y decretarle prisión preventiva, imputándole tráfico de influencias, asociación para delinquir y suposición de estado civil.

Fue un cimbronazo para el Presidente de la República que lo designó y confió en él y para la ciudadanía toda, cuyo modo de vida republicano reclama la máxima transparencia en las alturas.

Lo que se hizo es lo que manda la ley: en pocos días hubo indagatoria fiscal y sujeción del involucrado y sus copartícipes con apertura de causa penal. Se pasó del estupor y la indignación a la formalización del proceso que manda la ley.

Estando en marcha la investigación, surgió una catarata de chats donde constan comunicaciones que el involucrado intercambió mientras estuvo encaramado en la intimidad del poder. Al ver la luz metódicamente dosificados, al recaer sobre los temas más dispares y al no saber qué se hizo y qué no se hizo del rosario de pedimentos lícitos e ilícitos que fueron y vinieron, los chats en cascada proyectan la imagen de un gobierno entrometido sin frenos y sin límites, violador de derechos humanos y atropellador digno de denunciárselo ante el mundo.

Nada de eso condice con el Uruguay abierto, plural y garantido del gobierno del Dr. Lacalle Pou, cuya coalición ventila y resuelve sus diferencias a la vista, ¡con inmensa diferencia de lo que hizo la coalición de izquierda, en cuyos tres períodos le pusieron cerrojo a los debates internos y corcoveó lo más que pudo antes de dar de baja de la Vicepresidencia a Raúl Sendic, transgresor epónimo!

A contramano del contexto de libertad ventilada en que vivimos, la hoy oposición busca a toda costa que la responsabilidad salpique al primer mandatario, por lo cual todas las semanas inocula dosis de chats, hasta que parecen aplastantes. Pero la tarea de la lucidez ciudadana ante las contingencias y desgracias públicas no se agota en sentir agobios que nunca faltan. Hace falta sentir, sí, pero además reflexionar: en el caso, separando lo que es anécdota de lo que sea cumplimiento o transgresión de las normas que rigen el tema.

Desde el retorno a la democracia, la seguridad presidencial se reglamentó dos veces. La primera -por Decreto 379/097 que firmó el presidente Sanguinetti- consistió en una “reformulación de la estructura de la Casa Militar”. La segunda se hizo por Decreto 16/2006 y en ella el presidente Vázquez creó “el Servicio de Seguridad Presidencial (SSP)” como “una dependencia de la Presidencia de la República, subordinada directamente a la Prosecretaría de la Presidencia”, a cuyo frente estaba su hermano, Jorge Vázquez.

A esa dependencia se le encomendó coordinar “todo lo referente a la Seguridad del Presidente de la República…”. En el primero de los 24 artículos del Reglamento, se establece, sin limitación alguna, que “A efectos del cumplimiento de sus cometidos, tendrá enlace directo con el Ministerio del Interior y nexo con la Inspección Nacional de Policía”. Y en el artículo 6 se agregó: “Sin perjuicio de los vínculos necesarios con el Ministerio del Interior y la Inspección Nacional de Policía (artículo 1°), el Área de Coordinación podrá requerir en cualquier momento apoyos y recursos… Las instituciones del sector público están obligadas a suministrar la colaboración directa, el apoyo o la información que le fuere solicitada, con la premura y/o las prioridades que el Oficial a cargo o el Médico Jefe de la Seguridad Presidencial determinen.”

Por tanto, para juzgar los chats es preciso partir de las facultades amplísimas que otorgó ese decreto originario del gobierno frenteamplista y enseguida, como corresponde, medir si, como todo indica, el funcionario defenestrado incurrió en desviación, abuso de poder y/u otras figuras.

El menudeo de mensajes no documenta un magma hirviente de atropellos dispuestos por un gobierno omnímodo, sino actuaciones administrativas donde hay que desbrozar lo que el Decreto de Vázquez 2006 habilitó sin límites, castigando las demasías cuando las haya. No al grito.

No nos dejemos atropellar por el efectismo. Mucho mejor es pensar, vigilando que se apliquen las normas y se aceleren los juzgamientos, de modo que los principios republicanos encaucen el tema, y vuelva el país a concentrarse en sus problemas reales, sin permitir que una operación de prensa le marque la agenda al Uruguay.