La bestia burocrática

Los analistas saben que el desorden en la conducta de la gente no es un hecho casual, sino el reflejo de un conflicto sin solucionar en el ámbito de sus emociones. De la misma manera puede entenderse que en la esfera administrativa de un gobierno, el desorden no es un accidente sino la consecuencia de un desajuste en el espacio de la gestión pública.

Ese desajuste provoca una crisis cuando trastorna el funcionamiento de un sector de la administración, y esa crisis se convierte en una emergencia cuando descalabra el servicio que se presta a la población. Así ocurre en el Uruguay de hoy con la enseñanza, cuyas autoridades debaten desde hace meses en torno a una reforma educativa sin acuerdo, eternizando una controversia en la que se cruzan las discrepancias de fondo con las intervenciones del Poder Ejecutivo y con las tensiones internas de los gremios. El ciudadano que contempla ese cuadro por fuera, saca conclusiones deprimentes no sólo porque el problema afecta la formación de sus hijos y transmite una imagen de discordia en un campo tan sensible, sino porque las dificultades que allí se acumulan con el paso de los días, agravan la sensación ya adquirida de una enseñanza oficial tambaleante, cuyos deterioros sepultan el antiguo prestigio que tuvo.

Por suerte hay episodios pintorescos en medio del atasco, para matizar el turbador panorama de un cuerpo docente mal remunerado, donde existen profesores en situación precaria que no cobran sus haberes desde hace un año. Uno de esos episodios es el de los aumentos (que llegan al 70%) en la retribución que obtendrán los quince secretarios o asesores de que dispone el quinteto de miembros titulares del Codicen. El dato y sus insólitos porcentajes se suman por el momento al malestar del sector, permitiendo de paso comprobar las ventajas económicas que pueden ofrecer los lazos políticos, cuando son ellos -y no los méritos curriculares- los que determinan la presencia de alguien en un cargo público.

El caso, sin embargo, ha quedado en un segundo plano porque la atención general es atraída por otra información igualmente llamativa en esta vapuleada materia. Esa información permitió saber (una semana antes del comienzo de las clases en Primaria y 19 días antes de la apertura de cursos en Secundaria) que existen 195 edificios de escuelas, liceos y enseñanza técnica en situación de "emergencia edilicia", con urgente necesidad de obras de reparación que sin embargo no se han realizado. En 123 de esos locales los trabajos están demorados por insalvables problemas burocráticos, lo cual ha obligado a la ANEP a encarar un "Plan de Emergencia Edilicia 2011-2012", que en total deberá atender los reclamos de 219 centros educativos con problemas.

En 90 de esos casos las licitaciones correspondientes ya fueron gestionadas, aunque falta una firma para poder adjudicarlas. En otros 72 casos, las obras están adelantadas y se espera con cierto optimismo que culminen en los primeros días de marzo, aunque otros 33 casos ni siquiera han sido licitados. La situación es tan apremiante, que se contempla la eventualidad de trasladar algunos centros a otros locales transitorios, mientras la perspectiva de realizar obras con el alumnado presente, obligará además a recurrir a "técnicos prevencionistas" para enfrentar posibles accidentes dentro de escuelas en funcionamiento.

En definitiva, todo ello integra un panorama demoledor (metafóricamente hablando, desde luego) que enfrenta al gobierno con exigencias impostergables que no parece contemplar. Por ejemplo, las que deberían destrabar una burocracia impenetrable si en algún momento se pretende racionalizar la maraña administrativa, para que la simplificación de su mecanismo le permita funcionar en provecho del usuario y no de su masa de asalariados. El ciudadano que soporta una enorme presión fiscal, carga además con el lastre de esa burocracia hipertrofiada, que ha sobrevivido hasta hoy abastecida por el histórico clientelismo político y que en el campo de la enseñanza revela entorpecimientos e ineficiencias imperdonables. En ese terreno las consecuencias son más graves, porque allí se suman a la incapacidad de las autoridades para poner en marcha a la educación en tiempo y forma, sin comprometer el proceso formativo de los jóvenes, que sigue amenazado por un colapso.