Inseguridad y temores

El ciudadano tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Entre esos derechos figura el de que su vida y sus bienes sean debidamente amparados por el Estado. Pero esa protección ha dejado de funcionar desde hace un tiempo, como lo saben quienes leen regularmente la crónica policial en la prensa, escuchan los programas periodísticos de la radio o ven los informativos en la televisión.

A ciertas autoridades nacionales les molesta que dichos medios de comunicación cubran tales noticias -que cada día son más abundantes y más violentas, como todo el mundo sabe- con lo cual reaccionan indebidamente contra la divulgación de las actividades criminales, en lugar de hacerlo directamente contra la propia delincuencia. Parecería que se trata de matar al mensajero de las malas noticias, en lugar de combatir la causa de que esas malas noticias se produzcan.

El resultado de esa falta de puntería de las autoridades es que la población siga sometida a la creciente agresividad de los asaltantes, ya sean mayores de edad o menores inimputables, para cuya conducta a menudo homicida se buscan (desde ciertos sectores ideológicos y ciertas tiendas políticas) pretextos que expliquen tales comportamientos, desde la extrema pobreza que impulsaría a robar para dar de comer a los hijos hasta la falta de instrucción que podría servir de excusa para la violencia.

En lo que sin embargo no se piensa es en el estado de desvalimiento del ciudadano como hombre de bien y contribuyente puntual, que trata de sobrevivir en medio de una sociedad cada día más brutal y procura mantener allí el orden de su casa y la integridad de su familia, aunque se trate de aspiraciones nada fáciles de cumplir.

La semana pasada, el título de una nota publicada por el diario Clarín de Buenos Aires resultaba casi alucinante, porque decía "Detuvieron a un nene de 9 años por el robo a una mujer y a su hija", a quienes ese nene había amenazado en una parada de colectivo con un cuello de botella en la mano, diciéndoles: "Dame la plata porque te corto a la piba". El asaltante de 9 años iba acompañado por un cómplice de 14, edades que desarman toda ilusión de hacer frente al fenómeno bajando el nivel de imputabilidad, porque habría que llevar ese límite a los 8 años, por lo visto, aunque mañana o pasado puede aparecer un rapiñero precoz de 7 años y volver a inutilizar la iniciativa. El problema no está en los límites fijados por la ley sino en el proceso de descomposición de una sociedad que procrea esos vándalos en edad escolar.

Ahora que las elecciones nacionales en sus etapas sucesivas, determinan un cambio en el elenco gobernante, conviene insistir sobre el horrible cuadro de la inseguridad, porque no hay derecho a que la gente honrada que se comporta debidamente, paga sus impuestos y sirve de modelo al prójimo, deba sufrir las consecuencias de una paulatina desintegración social en medio de la cual una oleada de menores, probablemente drogados, sale a la calle a saquear a los transeúntes desprevenidos sin que exista una fuerza pública capaz de proteger a las víctimas y reprimir en tiempo y forma a los agresores. Sobre esa incapacidad habría que reflexionar, con relación a la conducta de los magistrados y la llegada tardía de patrulleros, entre otras cosas, pero el tema merecería un documento en dos tomos y no sólo una nota periodística, que debe ser más breve.

Sin embargo, esas víctimas desprotegidas siguen cumpliendo con sus obligaciones, aunque no siempre puedan gozar de sus derechos. Están sin amparo y a veces sucumben bajo la embestida de la criminalidad, porque cada día abundan más los comerciantes que confiesan haber sido asaltados varias veces en unos pocos meses, ya se trate de almacenes o estaciones de servicio, por no hablar de las unidades de transporte colectivo.

En tal sentido, Montevideo se parece cada vez más a Buenos Aires, donde impera la ley de la selva y se cometen nueve homicidios por día. A pesar de ese panorama abrumador, las autoridades nacionales dicen que la crónica roja es degradante en sus enfoques del fenómeno, pero en cambio no dicen que el desenfreno de la delincuencia es el causante de esa degradación.