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Lentamente, la pesadilla de George Orwell apunta a convertirse en realidad. En su inolvidable novela “1984”, el poder político simplifica el lenguaje, erradicando palabras con la finalidad de que los conceptos a los que aluden también desaparezcan de la mente de las personas.
Los ideólogos del lenguaje inclusivo parecen aspirar a algo semejante: inventaron el “todes” y el “todxs” con la excusa de apartar el machismo del lenguaje, y siguen avanzando en un disparatario lingüístico que feminiza arbitrariamente sustantivos terminados en “o”, como “miembras”, sin masculinizar otros sustantivos que de manera igualmente azarosa terminan en “a”, como “dentista” o “ballena”. Luego de que la Real Academia Española aceptara el término “presidenta”, estos mismos cultores del inclusivismo la emprenden contra otros participios activos, no dudando en pronunciar palabras ridículas como “estudianta” y “pacienta”.
La verdad es que escuchar cómo habla alguno de estos militantes del lenguaje inclusivo resulta bastante gracioso… Lo inquietante es que se llegue al extremo de enseñarlo en los centros educativos.
Tal vez por esa razón, la diputada Inés Monzillo (Cabildo Abierto) presentó un proyecto de ley que prohíbe emplear este palabrerío sin sentido en las instituciones educativas o, dicho con sus propias palabras, “el uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el idioma español, más conocido como lenguaje inclusivo”.
Como suele pasar en este país, algunos expertos en el tema le cayeron con todo. Según consigna una interesante crónica de nuestro diario publicada ayer, la doctora en Lingüística Hispánica y dirigente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la Republica (ADUR) Mariana Achugar, manifiesta la preocupación de que con esta propuesta “se está atacando la libertad de cátedra”. Para ella, “pretender que todos hablemos igual es una ideología lingüística”. Siendo aún más explícita, agrega que “hace tiempo, y no solo en Uruguay, estamos asistiendo a una campaña de ataque a la libertad de expresión y de cátedra”.
Así resultan ser estos colectivos gremiales que ven ideología en todas partes menos en su propio espejo: consideran que impedir que a un niño de escuela se le enseñe a cantar “orientalxs le patrie o le tumbe” es afectar su libertad de expresión…
Hay colectivos gremiales que ven ideología en todas partes menos en su propio espejo: y consideran que impedir que a un niño de escuela se le enseñe a cantar “orientalxs le patrie o le tumbe” es afectar su libertad de expresión…
Con un poco más de sentido común, el integrante de la Academia Nacional de Letras Ricardo Pallares ha declarado que la manera de hablar o escribir no puede imponerse por ley, porque “los lingüistas no son policías de la lengua, por la sencilla razón de que el cambio en una lengua no se impone ni se evita”. La observación es pertinente, aunque habría que diferenciar claramente los cambios que se producen por la evolución natural del idioma, a través de usos y costumbres de sus hablantes, de los que nacen de una secta de iluminados que pretende modificarlo para matrizar sus propios prejuicios y dogmas.
Este es el caso del llamado lenguaje inclusivo, que nada tiene que ver con una evolución lingüística natural y mucho con un intento de intervención artificial, políticamente motivado.
Nuestro columnista, el escritor Hugo Burel, lo ha dicho con meridiana claridad en uno de sus editoriales de 2020: “algunos teóricos señalan que el lenguaje inclusivo es una expresión posmoderna del marxismo cultural, el movimiento encabezado por varios pensadores de la Escuela de Frankfurt, y surge de la aplicación de las teorías del dirigente comunista italiano Antonio Gramsci. La Escuela de Frankfurt analizó el fracaso del marxismo en los países occidentales y optó por plantearlo de otra forma, aplicando la tesis de la lucha de clases a otras relaciones sociales entre las personas”.
Si por un lado puede resultar ingenuo legislar para impedir que se enseñen formas de expresarse no aceptadas por la Real Academia Española, por el otro cabe preguntarse si esa permisividad no abre el camino para que se impongan por la fuerza unos cambios que, más bien, deberían surgir del natural devenir de los hablantes.
“No es solo cuestión de palabras”, señala Burel, “se trata de un escenario de la lucha del poder”.
¿Hasta qué punto habremos de declararnos neutrales ante una embestida cultural que aspira a introducir desde la infancia una lógica de explotadores y explotados en las relaciones de género?
¿Quién es el que de verdad afecta la libertad de expresión, al impartir un habla enrevesada e ideologizada en escuelas, liceos y universidades?