Hipocresía ambientalista

Pocas banderas agitó el Frente Amplio con tanto fervor en campaña como la defensa del ambiente. Desde la oposición, cada proyecto del gobierno anterior era un atentado ecológico, cada decisión productiva una claudicación ante intereses espurios que iban a terminar con el Uruguay Natural. Sin embargo, transcurrido un año y medio de gestión, la distancia entre aquel discurso encendido y las acciones concretas del gobierno configura una hipocresía sistemática que queda expuesta con una somera descripción de los hechos. Dos casos recientes lo demuestran con una claridad que exime de mayores argumentos.

El primero es el proyecto Casupá, la represa con la que el gobierno pretende resolver el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana. El proyecto nace de un capricho político: descartar Arazatí, la iniciativa del gobierno anterior que, al incorporar una fuente distinta al Río Santa Lucía, sí diversificaba el riesgo que la crisis hídrica de 2023 dejó al desnudo. Casupá, en cambio, depende de la misma cuenca que ya abastece al sistema actual, si la sequía golpea al Santa Lucía, golpeará también a la nueva represa.

Los expertos israelíes contratados por la propia OSE lo advirtieron con crudeza, y su informe fue convenientemente archivado. Pero lo verdaderamente escandaloso es el atropello ambiental, el gobierno lanzó la licitación internacional y anuncia el inicio de obras sin contar con el estudio de impacto ambiental ni la autorización previa correspondiente. Una represa que inundará más de dos mil hectáreas avanza sin que nadie sepa, cuáles serán sus consecuencias sobre el ecosistema, devastadora para fauna y flora de la zona. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que debería ser el primer custodio de esos procedimientos, hace la vista gorda y se limita a prometer difusas “medidas de compensación”. Y la directora de Cambio Climático, Fernanda Souza, llegó al extremo de justificar el procedimiento en una reciente entrevista. Si un gobierno de otro signo hubiera hecho la décima parte, hoy tendríamos cadenas humanas a grito pelado frente a la Torre Ejecutiva.

El segundo caso también es elocuente. En noviembre pasado, mediante el decreto 228/025, el gobierno excluyó a los Bañados de Carrasco de la lista de humedales protegidos. Sin explicación pública, sin informe técnico, de un día para el otro. La incógnita duró poco, inmediatamente después se conoció un megaproyecto inmobiliario de más de 1.200 millones de dólares sobre 226 hectáreas de la zona. Los humedales que ofician de esponja contra las inundaciones, de filtro natural de las aguas y de refugio de biodiversidad dejaron de ser intocables en cuanto apareció un negocio.

No se trata aquí de oponerse a la inversión que seguramente puede hacerse con los recaudos necesarios, se trata de la desfachatez de quienes construyeron su identidad política denunciando exactamente esto, la subordinación del patrimonio natural al capital. Vecinos y organizaciones sociales, muchas de ellas afines a la propia izquierda, reclaman en vano una explicación que el ministerio les niega con un silencio que, a esta altura, es una confesión.

Mientras tanto, el ambientalismo oficial goza de excelente salud en un único terreno, el de las cumbres internacionales. Allí no faltan jerarcas del Ministerio de Ambiente, con sus pasajes y viáticos, para pronunciar discursos sobre la emergencia climática y la salud de los osos pandas. Es un ambientalismo de escritorio y de sala VIP, siempre dispuesto a la foto y al panel, que se conmueve por el planeta en Bakú o en Belém pero no encuentra objeción a una represa sin estudio de impacto ni a un humedal entregado al mejor postor. Tamaña hipocresía y cinismo cuesta encontrarla en otros asuntos.

Al Frente Amplio el ambiente le importa como recurso electoral, no como política de Estado. La bandera verde cumple la misma función que tantas otras banderas, seducir al electorado comedor de masa madre y mentiras progres de Cordón Soho que compra el relato más farsante imaginable. Ese votante merece saber que, mientras consume el discurso ecológico cuidadosamente envasado, su gobierno licita represas sin aval ambiental y desprotege humedales por decreto. La coherencia es la primera obligación de quien pretende dar lecciones de virtud, cuando el ministro que debe proteger el ambiente es el que firma su vulneración estamos ante un engaño patente. Y estos engaños, como tantos otros que suma el actual gobierno, como estamos viendo, se pagan en la aprobación de la gestión.