Hay que defender a Ferrero

El episodio ocurrido este fin de semana, en el cual dos malvivientes ingresaron a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero, haciendo disparos y hasta lanzando un artefacto explosivo, debe ser un gran despertador para la sociedad uruguaya. Existe en el país al menos un grupo de delincuentes organizados con capacidad suficiente como para atentar de esta forma contra la representante del Estado encargada de combatir su negocio.

La respuesta del sistema político hasta ahora parece ser la adecuada. No ha habido fisuras, todo el mundo apoya a la fiscal y no se ha convertido el tema en un capítulo más de la agenda partidista tóxica, que muchas veces domina el debate público en nuestro país. Y esto, que puede parecer poco, es muy relevante. La respuesta institucional homogénea es el diferencial entre un país que tiene capacidad de respuesta ante una ofensiva criminal, y otro que asume un desafío de esta naturaleza como algo casi cotidiano. Si Uruguay tiene un diferencial a favor respecto de varios países de la región que han claudicado ante el delito, es justamente su institucionalidad.

Durante la campaña electoral, el actual oficialismo y sus satélites mediáticos se encargaron de afirmar que el país, durante el gobierno de la Coalición Republicana, se había convertido poco menos que en un narcoestado. Todo el día con el sonsonete de que se había descuidado el combate al narcotráfico, y que se había bajado la guardia en materia de lucha contra el lavado de dinero.

Esto último es una gran mentira, ya que el proyecto de estrategia contra el lavado que se generó durante el pasado gobierno es el mismo que el actual está poniendo en ejecución.

Pero volviendo al tema central, hay algo que no se puede dejar de decir: Mónica Ferrero ha sido la principal espada del Estado uruguayo en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, desde que asumió este gobierno se le ha realizado una campaña de hostigamiento para que deje el cargo. Al mismo tiempo, se presiona a la oposición para votar en el Parlamento un nuevo fiscal general más alineado con el oficialismo.

También se han usado fuerzas parapolíticas en el proceso de desgaste contra Ferrero. La Asociación de Fiscales y la Asociación de Defensores de Oficio la han criticado de forma permanente, al igual que ciertos colectivos y operadores políticos que han hostigado a la fiscal con denuncias y noticias falsas.

Es más, el mismo domingo que se conoció el ataque contra Ferrero, fuentes de Presidencia salieron a la prensa azuzando la tesis de que era urgente votar un reemplazo.

La pregunta que surge naturalmente ahora es: si al Frente Amplio le preocupa tanto el narcotráfico, ¿por qué desde la Torre Ejecutiva hay tanto interés en remover a la principal funcionaria que lo ha combatido del liderazgo de la Fiscalía?

Lo ocurrido este fin de semana debe ser suficiente como para que todo eso vaya a la papelera. Todo el sistema político, aunque más no sea como mensaje a los criminales que llevaron adelante este atentado, debe alinearse en sostener a Ferrero como fiscal general y como cabeza del sistema de persecución penal en el país. Es clave que la sociedad uruguaya envíe el mensaje claro de que la persona que más molesta a los narcotraficantes seguirá firme en su cargo. Acosándolos.