Hace algunas décadas que el deterioro del estado de la democracia en el mundo es un tema de gran preocupación y el fenómeno se ha profundizado en los últimos años. Los sistemas de partidos que caracterizaban el paisaje de muchos países son cosa del pasado, la separación de poderes se ha erosionado en demasiados países y las viejas dictaduras de izquierda conviven hoy en día con los autoritarismos de la nueva derecha. No son tiempos fáciles para los defensores de la democracia liberal en el mundo y, a la uruguaya, tampoco en nuestro país.
Los uruguayos solemos creer que somos distintos al resto del mundo y lo que le ocurre a todos los demás no puede suceder aquí, lo que obviamente es una estupidez. En Uruguay, finalmente, sucede lo mismo que en el resto del mundo, sólo que a veces un poco más tarde y un poco más amortiguado.
Algunos síntomas de que no somos tan diferentes es el advenimiento reciente del crimen organizado. El pésimo manejo del Ministerio del Interior del caso del túnel en la ciudad viaje no nos ha permitido saber aún si se trataba de un intento de un robo a un banco, a varios bancos, de piedras preciosas o Dios sabe qué. Lo único que quedó claro es que el ministro Negro no tiene la menor idea de dónde está parado. Esta presencia cada vez más clara y con más violencia puede y debe detenerse si se hiciera lo correcto, pero con sociólogos que dicen sandeces y expertos en líderes comunitarios lo que tendremos es cada vez más violencia y una policía atada de manos.
No combatir a tiempo y dentro de los mecanismos del Estado de Derecho genera reacciones no justificables pero entendibles como la justicia por mano propia o los pedidos de un Bukele. No entender esto es no entender que la debacle en el tema seguridad que estamos sufriendo tendrá su rebote en materia institucional lo que resulta preocupante.
Los golpes a la institucionalidad promovidos desde el Poder Ejecutivo y desde la mayoría frentista en el Senado tampoco son gratuitos. El caso Cardama demuestra como el Poder Ejecutivo está dispuesto a descartar el debido proceso ante la menor oportunidad de tener un golpe al gobierno anterior, aunque sea con un costo mayúsculo para los uruguayos y sin ningún fundamento. El dejar de lado el proyecto Arazati que nos hubiera dado otra fuente de agua potable para cambiarlo por uno objetado con sólidos fundamentos legales por el Tribunal de Cuentas y la decisión del presidente de OSE de que lo político está por encima de lo jurídico es un desplante de país bananero. La oposición debería haber solicitado ya su comparecencia al Parlamento para evitar este atropello.
El discurso violento reiterado con mentiras burdas desde el poder también resulta venenoso para la democracia. El presidente del Frente Amplio mintiendo un día sí y otro también sobre todos los temas de actualidad y descalificando a quien piensa distinto hace un daño enorme. Sin ir más lejos, la cara dura con la que afirmó que durante el primer año del gobierno anterior cayó el salario real y en este aumentó cuando él firmo el acuerdo de 2020 como presidente del PIT-CNT alabándolo y ocultando que el aumento del año pasado se debe a las pautas fijadas por el gobierno de Lacalle Pou es de propio de un espíritu tremendamente oscuro.
Los senadores frentistas no se quedan atrás. La semana pasada sin ir más lejos quisieron hacer una jugarreta para entorpecer la instalación de una comisión investigadora en diputados sobre el caso Cardama proponiendo al mismo tiempo una en su cámara, algo nunca visto en los casi 200 años de historia legislativa nacional. Y peor aún fue haber impedido que el senador Javier Garcia pudiera plantear una cuestión de orden y de fueros ante el canallesco ataque de una senadora comunista a la memoria de su señora madre, ante la información falsa difundida por un conocido operador político. Pero que se puede esperar, al fin y al cabo de una persona que defiende la dictadura más vieja del continente que carga con un prontuario escandaloso de crímenes, torturas y desaparecidos.
Todo lo anterior tiene un común denominador, un gobierno que detrás del tono amable del presidente de la República muestra las garras de un populismo que tiene efectos notorios sobre nuestro clima de convivencia democrático.
Estamos a tiempo de evitar este declive, pero sólo será posible si el gobierno depone su actitud agresiva y la oposición pone el foco en los tema importantes y deja de preocuparse por legislar las rifas de los liceos y la intensidad de las luces en los shoppings.