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El voto desde el exterior

Cual si fuera un esperpento que de tanto en tanto se libera de su encierro y sale a pasear, reapareció entre nosotros la idea de convocar a un plebiscito para habilitar el voto de los uruguayos radicados en el exterior. Lo promueve el Frente Amplio con fines netamente electorales, confiado como está en que nuestros emigrantes simpatizan con sus ideas. Y lo hace a despecho de la decisión del pueblo uruguayo de rechazar el propuesto voto epistolar en la consulta realizada conjuntamente con las elecciones de 2009 en donde la iniciativa cosechó apenas el 38% del total de los votos.

Ahora se habla de aprobar por ley el voto consular, no el epistolar, pero se trata del mismo perro con diferente collar. Sabido es que para modificar una ley electoral se requieren dos tercios de legisladores de cada cámara lo que significa, con toda claridad, que esa vía está cerrada pues la iniciativa no cuenta con el apoyo de la oposición que sería necesario para alcanzar tamañas mayorías. El único camino posible es plebiscitar otra vez el tema junto con las elecciones nacionales del 2014.

Antes de analizar esa perspectiva conviene denunciar una vez más el desacato a la voluntad popular que supondría la concreción de esta nueva convocatoria. El pueblo ya se expresó sobre el asunto de manera contundente y nada indica que su opinión haya cambiado en los últimos dos años. La izquierda debería recordar las malas experiencias habidas con la ley de caducidad en donde el segundo plebiscito, realizado veinte años después del primero, confirmó la posición negativa. Claro que ante esta doble expresión de rechazo el gobierno de José Mujica optó por anularla de manera irregular.

En este caso, sin embargo, el propio Presidente de la República podría actuar de otra forma puesto que discrepa con esa propuesta reformista según lo expresó en noviembre del año pasado en un encuentro que sostuvo en Porto Alegre con un grupo de uruguayos allí radicados que clamaban por tener el derecho a votar en su país de origen. Mujica les dijo entonces que "en el acierto o en el error un conjunto de compatriotas no lo han querido" y que esa decisión popular "debe ser respetada".

De todos modos, habida cuenta de cómo las gastan dentro del FA y cuan mutante es la opinión de Mujica, es posible que esta proposición vaya adelante y termine, como en el caso de la ley de caducidad, por torcer el curso de las cosas. Ante tal posibilidad vale citar el mayor obstáculo formal que encuentra la introducción del voto consular: el primer artículo de la Constitución. Allí se estipula que "La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos habitantes comprendidos dentro de su territorio", es decir, que la voluntad del constituyente ha sido excluir del registro electoral a quienes viven fuera del país. En esta materia la idea esencial es que nuestro país parte de una asociación o pacto sólo "para los ciudadanos", como lo expresó el constituyente José Ellauri hace casi dos siglos.

Romper con esa tradición es lo que se intentó en 2009 sin resultado alguno. Entonces se impulsó el voto por la vía epistolar que suponía la habilitación a votar por correo "desde cualquier país", expresión amplísima esta última que resultó equívoca pues con acierto se dijo que podía incluir los votos enviados desde el propio Uruguay. Aquella reforma derrotada añadía además una frase ambigua en donde se indicaba que la Corte Electoral podría instrumentar "otros procedimientos", lo que abría paso a un sinfín de problemas e improvisaciones.

Ahora, de acuerdo a los trascendidos, se trabaja en pro del voto consular, algo que el canciller Luis Almagro, con temeraria ingenuidad, había anticipado ante una perpleja comisión parlamentaria a poco de asumir su cargo. Se le dijo entonces que la gente ya había dado su opinión sobre el tema y que el voto consular, al igual que el epistolar, permitía que votaran quienes no residen en Uruguay, ni pagan aquí sus impuestos, ni están expuestos a afrontar las consecuencias del sufragio que emiten.

En suma, sería desacertado propiciar una nueva reforma constitucional sobre un tema ya definido por la ciudadanía. Si así lo hace, el Frente Amplio se equivocará y embarcará al país en una discusión marginal que, en 2014, podría distraer la atención de los votantes con relación a otros temas mucho más relevantes para la suerte del país.

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