El Palacio de Justicia

EVIDENTEMENTE, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tienen algo contra el edificio del Palacio de Justicia ubicado en la Plaza Independencia.

En noviembre de 2004, poco después de conocerse oficialmente el resultado de las elecciones nacionales y cuando empezaron a circular nombres para ocupar la titularidad de los distintos Ministerios, el entonces nominado para esa Secretaría de Estado propuso que el edificio —"que no sirve para nada"—, se destinara a oficinas de la Presidencia de la República —o sea que para algo servía—, en una iniciativa que fue criticada desde esta página. Si había dinero para terminárselo a la Presidencia, habría dinero también para terminárselo a la Suprema Corte de Justicia y hacerlo funcionar.

Los rubros necesarios nunca aparecieron, ni para uno ni para otro destino, mientras la Intendencia de Montevideo contribuía a deteriorar su imagen, envuelta en costosos vidrios belgas, emplazando a lo largo de todo su frente una cuestionada terminal de ómnibus.

UN año más tarde, en el mismo Ministerio, es recibida una delegación de inversores provenientes de China, interesada en adquirir el edificio y reciclarlo, para construir un hotel cinco estrellas o un ultramoderno block de oficinas —no estaban muy seguros—, al que se agregó el viejo restaurant Morini, detrás del Teatro Solís, para emplazar en él un Shopping, o un Centro de Convenciones. Tampoco estaban muy seguros. Los visitantes fueron atendidos también por el Ministro de Economía, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores y los titulares de Industria, Turismo y Vivienda y el Intendente de Maldonado, debiendo considerarse sugestivo que en el periplo de visitas hayan estado ausentes la Suprema Corte de Justicia, que es la propietaria de uno de los inmuebles comprendidos en la posible operación, y la Intendencia de Montevideo, que sería la titular del ex Morini.

Está bien que se atiendan grupos de inversores, ya que el país los necesita. Lo que no es correcto es tratar de vender bienes ajenos y mucho menos, incluir en el paquete un edificio que durante decenas de años todas las partes que han mantenido un juicio contribuyeron a financiar y a quienes ahora, en caso de ser enajenado, no se les va a devolver el dinero que aportaron.

MAS de una vez se ha recordado desde este mismo lugar la historia de esa mole inconclusa, destacando que la incapacidad y la falta de voluntad política de diferentes gobiernos civiles y militares terminaron convirtiéndola en otro de los rasgos más típicos de Montevideo, que cuenta ya con setenta y seis años nominales de antigüedad.

Su vida comenzó en 1930, cuando se estableció un impuesto precisamente denominado "Palacio de Justicia" que debía colocarse en los escritos forenses y cuyo fin era construir en la capital una sede para el Poder Judicial. Suprimido años después, volvió a imponerse en la década del cincuenta a través de un timbre de color amarillo de $ 0.30, que más de un memorioso debe recordar y al que, por su color, se denominaba jocosamente "el huevo frito".

El Partido Nacional, cuando ocupaba la mayoría del Poder Ejecutivo, dio un gran paso tendiente a levantarlo. En la última sesión del Consejo Nacional de Gobierno del año 1960, recogiendo un planteamiento del Dr. Martín R. Echegoyen, se resolvió designar una Comisión integrada con representantes del Ministerio de Obras Públicas y la Suprema Corte, a la que se asignó el cometido de estudiar su posible ubicación y el modo de financiarlo.

DETERMINADO el emplazamiento; afectados los recursos en la ley de presupuesto de 1963 y convocada en 1964 la licitación destinada a construirlo, en un lluvioso mediodía del jueves 4 de marzo de 1965, a escasos cuatro días de haber asumido como Presidente del Consejo, al Dr. Washington Beltrán le correspondió —siempre lo decía—, el honor de colocar la piedra fundamental del nuevo edificio, que tenía un plazo estimado para su finalización de nueve años. Hay una foto emocionante, donde se lo ve dirigirse hacia la obra, con paso firme, al lado de un juvenil Ministro Isidoro Vejo Rodríguez, ambos desafiantes y sin pilot, debajo de un cartel que, aunque retocado, todavía se mantiene —el tiempo es más implacable con los seres humanos que con los carteles—, seguidos de un grupo de personas protegidas con paraguas, demostrando con su actitud la importancia que el emprendimiento tenía para el país y para el Partido. Era proporcionar al Poder Judicial, en un Estado de Derecho, un lugar digno para que cumplieran su función.

Entre 1965 y 1967 se construyó el subsuelo, la planta baja, el entrepiso y el primer piso; entre 1977 y 1981, el frente del segundo al sexto piso y entre 1982 y 1988 el resto de la estructura, agregándose, después de un temporal, un costoso vidriado importado. El primer tarascón se lo quiso dar el gobierno de facto, cuando le cambió de titular, resolviendo que fuera sede de la Casa Militar de la Presidencia. Felizmente, no tuvo tiempo de concretar su propósito. Restablecido el régimen democrático, volvió a su destino original, autorizándose a la Suprema Corte en la Rendición de Cuentas 1992 la contratación de un préstamo de U$S 35: para la finalización de las obras y restableciendo el viejo "Timbre Palacio", que todavía se mantiene (!).

TODA esa historia se le quiere vender ahora a los chinos, llamando la atención que el desapoderamiento que no pudo lograr la dictadura pueda consumarlo ahora un gobierno del Frente Amplio.

A mediados del año pasado, una mano anónima escribió en la pared posterior del edificio, sobre la calle San José, una leyenda en la cual se decía: "Palacio de Justicia. Próxima inauguración: 23/ 8/ 3950". Aparentemente, se equivocó el augur, por lo que, en el caso de prosperar este intento, habría que tachar la fecha y escribirle encima, como se repite en unos hermosos versos de Edgar Allan Poe: "Nunca más".