El país de rehén

Uruguay se había ganado con muchas décadas de esfuerzo una reputación de país serio, previsible y confiable. Esa reputación, activo intangible pero decisivo para atraer inversiones y sostener el comercio exterior, está siendo dilapidada ante la mirada pasiva de un gobierno que parece haber renunciado a garantizar el funcionamiento de los servicios básicos del país. Dos episodios recientes, de gravedad inocultable, lo demuestran con crudeza extrema.

El primero ocurre en el puerto de Montevideo, la principal puerta de entrada y salida del comercio uruguayo. El sindicato de trabajadores de TCP declaró el 1° de julio un paro por tiempo indeterminado, apenas una semana después de otro de 48 horas, en lo que constituye el sexto conflicto en un año. Pero lo verdaderamente inaudito es la condición que puso para sentarse a negociar: que la empresa pague a todos los trabajadores un bono adicional de 50.000 pesos líquidos mensuales mientras dure la negociación, o que garantice 25 jornales asegurados a todo el personal, haya o no trabajo disponible. La empresa calificó el planteo, con razón, de “extrema gravedad”, condicionar el inicio del diálogo a exigencias económicas previas y absurdas es un apriete, no un reclamo.

Las consecuencias están a la vista. El movimiento de contenedores cayó cerca de un 29% interanual, MSC ya redirigió hacia Brasil un servicio que generaba unos 15.000 movimientos anuales, y las cargas de transbordo de Paraguay y del litoral argentino, que hicieron de Montevideo un nodo regional, están buscando alternativas más previsibles. La Unión de Exportadores ha advertido que cada interrupción genera un perjuicio difícil de cuantificar: sobreestadías, reprogramación de escalas y, sobre todo, un desgaste de reputación frente a puertos competidores que no dan tregua. Los clientes que se van no vuelven con disculpas, cuando una naviera reordena sus rutas, la decisión tarda años en revertirse, si es que alguna vez se revierte.

El segundo episodio roza lo absurdo. El país invirtió en un sistema de aterrizaje instrumental de Categoría III para el aeropuerto de Carrasco, tecnología que permite operar con niebla cerrada y que debía terminar con los desvíos crónicos de vuelos. El sistema está instalado y habilitado hace tiempo. Sin embargo, opera de forma parcial porque los controladores aéreos condicionan su uso a una batería de reclamos corporativos, incluida la exigencia de que aterrice un avión cada 20 minutos, una cadencia impensable en cualquier aeropuerto moderno. El resultado, sin ir más lejos es que la semana pasada en que el sistema debía demostrar su utilidad, la niebla volvió a desviar vuelos hacia Ezeiza, San Pablo y Río de Janeiro. Millones de dólares en tecnología, neutralizados por un capricho gremial. Pasajeros varados, aerolíneas que recalculan costos y una señal desastrosa sobre la conectividad de un país que aspira (más bien aspiraba) a consolidarse como hub regional de servicios y turismo.

Nadie discute el derecho de los trabajadores a reclamar, pero hay sindicatos con verdadera vocación suicida y lo peor es que nos llevan a todos con ellos. Hoy tenemos servicios estratégicos como rehenes de intereses corporativos, con costos millonarios que paga el conjunto de la sociedad y, en particular, el sector exportador que sostiene la economía nacional y genera las divisas de las que vive el propio Estado. Y está en cuestión, sobre todo, la actitud del gobierno. Frente a paros que estrangulan el puerto y a un sindicato que decide por sí y ante sí cuándo puede usarse un radar antiniebla, el Poder Ejecutivo ha optado por la inacción, como si arbitrar estos conflictos no fuera su responsabilidad indelegable.

La declaración de esencialidad de los servicios, la convocatoria firme a negociar sin condicionamientos y la defensa del interés general son herramientas que existen y que no se usan. Un gobierno que no puede garantizar que los barcos operen y los aviones aterricen es un gobierno que ha abdicado de una función elemental del Estado.

La pasividad tiene un precio claro, cada día de paro, cada vuelo desviado, cada naviera que se muda erosiona la confianza que costó décadas construir. El mundo no espera y la inacción del gobierno, que es la norma en todas las áreas, en este caso resulta inaceptable porque lleva al país a la pérdida de empleos y a una decadencia inercial palpable. El momento de poner orden, con firmeza y dentro de la ley, es ahora. El país no puede seguir siendo rehén de minorías corporativas ni de un gobierno que renuncia a defender el interés nacional.