El derecho de propiedad vulnerado

Cuando se resquebraja el respeto por la propiedad privada o pública, la estabilidad de una sociedad democrática, republicana y liberal como la uruguaya se debilita.

Flaquea uno de sus fundamentales basamentos. Sin propiedad privada no pueden haber ni derechos, ni libertad, ni justicia. Si no hay seguridad jurídica sobre los frutos del trabajo, de los bienes, se desestimula el esfuerzo y la inversión del momento que podrían ser apropiados o explotados por otros, sin posibilidades de reclamar compensación alguna.

Del momento en que quienes tienen que salvaguardar ese derecho no actúan con diligencia, caso de la justicia o la fiscalía, que en la actualidad ha aumentado su preponderancia a raíz de la reforma del CPP, la corrosión de este derecho avanza callada y destructivamente. Si a ello se suman profesionales que desmerecen a su propia profesión de garantes de la legalidad, la tormenta perfecta está formada y nuestro país desgraciadamente, pierde pie.

Una y otra vez se sabe de los avances de gente que se apropia por la vía de los hechos de terrenos que no son suyos. Y no se trata solo de casos aislados sino que es usual que por detrás actúen mafias que promueven y lucran desvergonzadamente, a menudo incluso dirigidas por narcotraficantes, amparados en la anomia de los poderes del estado. Semejante inoperancia llama fuertemente la atención, no solo por la lamentable desidia y lentitud de los procesos judiciales sino por lo que aparenta ser un cierto beneplácito de la autoridad en algunos departamentos especialmente, donde el creciente número de avasallamientos de la propiedad privada son notorios.

Desde la izquierda se busca naturalizar la vulneración del derecho de propiedad y en algunos ámbitos académicos se ha defendido a ocupantes ilegales bajo la consigna de no criminalizar la pobreza. Una frase tremendamente engañosa que puede sonar muy bonita pero que es en extremo disruptiva. El peligroso concepto de que no hay porqué cumplir con la ley se asienta y contribuye a socavar el orden establecido que sustenta a nuestra nación. Es una forma de pervertir nuestros valores y quitarle sentido al esfuerzo, al trabajo y el actuar como se debe, a la vez de producir un pernicioso ejemplo ante quienes se ajustan y valoran la legalidad y no renuncian ni al sacrificio ni a la honestidad.

Hay hechos y datos que hablan por sí solos y Canelones es un vívido ejemplo de que el elevado número de usurpaciones no condice con la culminación respecto de personas responsabilizadas por la justicia. De acuerdo a un informe al que tuvo acceso El País del período -marzo 2019 marzo 2021-, generado a partir de un pedido de informes del diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría, las formalizaciones penales por el delito de usurpación fueron equivalentes al 1,8% de las denuncias presentadas a nivel nacional. Guarismo que en Maldonado llegó a ser aun más bajo. Solamente el 1,4% de los casos terminaron con al menos una persona imputada, aunque no se especifica en la documentación, acerca de las penas dictadas. Por supuesto que la feria sanitaria producto de la pandemia no contribuyó a agilizar los trámites, pero lo preocupante es la impresión generalizada al día de hoy , entre quienes se preocupan por el tema, sobre la magra diligencia a nivel de los fiscales, más allá de algunas excepciones.

Semejante estado de cosas facilita la existencia de operaciones delictivas que además de los perjuicios que le confieren a los propietarios, enchastran al colectivo de los escribanos. La aparentemente dolosa intervención de algunos de ellos facilitaron lo que parece ser una estafa pura y dura.

El martes pasado se supo por medio de una nota del periodista E. Barreneche que fueron procesados, (menos mal) un escribano y un operador inmobiliario , por la ocupación de al menos seis terrenos pertenecientes a unos argentinos, cercanos a la playa La Juanita, en las inmediaciones de José Ignacio, Maldonado. A su vez, en el mismo paraje apareció una nueva usurpación de dos terrenos, también propiedad de argentinos. La acusación de estafa y falsificación de documento es contra dos escribanos. Una profesional que había tratado con los propios dueños y les hizo creer a sus deudos que la madre había vendido los terrenos y un colega que participó en la tramoya, bastante burda por lo que se ha visto, que los herederos han podido descubrir. Aquella noción de que los uruguayos se destacaban en la región por su honradez, se empalidece a ojos vista y ciertamente no ayuda a l atracción de inversores extranjeros a nuestra tierra.