El boom de los barrios privados

Una muy interesante nota publicada este domingo por El País ilustra sobre un fenómeno que no suele ser tan mencionado: el boom de barrios privados que existe hoy en el país. Estos están surgiendo en muchas partes, pero donde realmente muestran un crecimiento exponencial es en la zona metropolitana, principalmente Canelones, ya que en Montevideo están prohibidos.

Los números son expresivos: en 2002, había 20 barrios privados, en 2018, 72, en 2019, 90, y hoy se estima que hay más de 100, donde viven unas 30 mil personas. Otro detalle interesante que presenta el informe es que el perfil del nuevo habitante de estos barrios ya dejó de ser el de gente de muchísimo dinero, sino que están creciendo gracias al influjo de gente de clase media, y de barrios como Pocitos, Malvin, Cordón o el Centro. Los principales motivos para este auge se encontrarían en la mayor seguridad que ofrecen, así como un ambiente más familiar y contenido, muy buscado sobre todo por familias con hijos pequeños.

Existen dos problemas con este fenómeno, uno técnico y otro ideológico.

El técnico, es que en un país donde la población está estancada, el crecimiento de estos barrios, ocurre a expensas de otras zonas de la capital que se van despoblando. Con ello se genera un costo extra elevado para la sociedad, que ve como zonas que ya están cubiertas por todos los servicios se van despoblando, y se debe invertir mucho dinero para llevar esos servicios a estas nuevas áreas residenciales.

Pero el más complejo es el ideológico, ya que para un sector importante de nuestra elite intelectual izquierdista, se trata de “guettos” para ricos, a los que critican permanentemente, y cuyo desarrollo intentan frenar de todas formas. Incluso hablando de forma despectiva de cualquiera que haya optado por vivir allí. Pese a esto, la era de 15 años de gobiernos del Frente Amplio a nivel nacional, y departamental en Montevideo y Canelones que es donde hay más de estos barrios, es la que ha mostrado el mayor crecimiento de esta opción vital.

Esto, que parece una contradicción, no lo es en absoluto. Como suele suceder, son las medidas que toman los gobiernos de ideología socialista con el fin pretendido de mejorar la convivencia y hacer más igualitaria la ciudad, las que está llevando a su vaciamiento.

Primero, con la seguridad. Durante los 15 años del Frente Amplio, con su discurso sensibloide y de achacar a las diferencias económicas la raíz del delito, fue cuando la criminalidad se descontroló en Uruguay. Cuando uno ve a dirigentes del FA criticar las cifras de delito actuales, mucho menores en todos los casos que las que dejó cuando fue removido del poder en 2019, es difícil no preguntarse cómo puede haber tanto descaro. Alcanza comparar la cantidad de delitos en 2005 cuando asume el primero gobierno de Vázquez, con las de 2020, cuando este entrega la banda presidencial a Lacalle Pou, para ver dónde estuvo la explosión de este problema.

Lo segundo que está potenciando esta migración de la ciudad “normal” a estos barrios privados es el total abandono en que la administración del Frente Amplio desde hace 30 años tiene a Montevideo. Basura por todos lados, calles rotas, hurgadores, personas en situación de calle que se apropian de cada pretil, sistema de transporte público en decadencia, y una hostilidad absoluta al coche privado.

Sobre esto último, no sólo no existe ninguna medida para facilitar el estacionamiento en las zonas céntricas de la capital, sino que todo lo contrario, se busca expulsar a los coches, y se pretende de manera al filo del ridículo que la gente se desplace en bicicleta. Eso en una ciudad donde el tránsito es un caos, y donde los conductores de transporte público conducen impunemente como si fueran dueños de la calle.

De nuevo, como suele suceder siempre con estos gobiernos de corte socialista, sus medidas logran el efecto exactamente inverso que dicen buscar. Y cuando sucede, en vez de asumir el error, y buscar formas para volver más atractivos los lugares urbanos que se están despoblando, lo que hacen es prohibir e imponerle costos extra a la gente para que no se vaya. La consecuencia, es que la gente se va igual. Si la sociedad, si los gobernantes electos, no dan respuestas, la gente vota con los pies, y se va a otro lado mejor a vivir.

Si al sistema político, si a la sociedad, le preocupa o incomoda este fenómeno, la solución está en encontrar la raíz de por qué la gente toma estas decisiones, en vez de seguir queriendo imponer cosas de prepo.