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El gobierno, la Anep, el ministerio de Educación y Cultura, están empeñados en seguir adelante con la reforma educativa. “Transformación” la llaman ellos.
Hacen bien en mantener su determinación contra viento y marea. Es que si se sigue con atención lo que informan los medios, ese viento y esa marea son realmente fuertes. Pero más fuerte aún es la presión que pone buena parte de la población para que no se ceda un ápice en el proceso de cambios que tanto necesita la educación.
Los que resisten son los sindicatos y ahora también las Asambleas Técnico Docentes (ATD) que han decidido que no acompañarán la reforma. Ni unos ni otros fueron votados por la ciudadanía para gobernar el país. No es a ellos a quienes mediante el voto se les dio el mandato de poner en marcha una muy postergada reforma en la educación. Por lo tanto, no son ellos quienes deciden cómo y cuándo es que ésta debe hacerse.
La resistencia de gremios y de las izquierdas que se oponen a la reforma es implacable. Se expresa en la ocupación de centros de enseñanza y en huelgas como las que hubo en estos días. Sin embargo, el apoyo al gobierno en este tema parece silencioso pero se percibe firme.
Aunque los gremios no lo entiendan, la gente quiere esta reforma porque sabe que el país la necesita. Y la necesita con urgencia. Los argumentos en contra no se sostienen ni son originales.
El más repetitivo es que no fueron consultados. Tan repetitivo es, que lo vienen usando desde el regreso de la democracia en 1985 ante cada reforma, pequeña o grande.
Cualquier persona medianamente bien informada sabe dos o tres cosas básicas respecto a este y otros argumentos.
El primero es que no necesariamente deben ser consultados los gremios. Su función es otra. Y la tarea de la Anep es la de diseñar las políticas educativas que crea necesarias. El segundo es que han sido consultados en anteriores ocasiones, por lo tanto todos sabemos cual será su reacción. Se opondrán. Y si la Anep ante esa oposición modifica su propuesta, también se opondrán. Y así en un proceso que seguirá hasta el infinito. Consultarles es perder el tiempo. Nada les va a venir bien.
Se niegan al cambio porque tienen miedo de no estar preparados para afrontarlos y les da pereza hacer el esfuerzo. Lo dicen a voz en cuello los dirigentes de sus sindicatos.
El tercero es que si bien se quejan de no ser consultados, tienen claro que “no hay recursos” para poner en práctica la propuesta. La cantinela de que no hay recursos es una vieja excusa para eludir el esfuerzo que implica una reforma. Nunca habrá recursos suficientes en un país que debe impulsar aún más su productividad. Si vamos a esperar para que haya “más recursos”, jamás se reformará la educación. Habrá que hacerla, entonces, con los que hay. Para eso se supone que los seres humanos tenemos inteligencia, los docentes están formados y a los administrativos se les paga con lo que volcamos de nuestros impuestos.
El cuarto es la idea de que esta reforma (lo mismo han dicho de las anteriores) está pensada para preparar a los jóvenes para al mercado de trabajo. Es, dicen, un reforma procapitalista que pretenden imponer los grandes organismos internacionales. Sí, claro, es una reforma para que la gente tenga sólida formación y pueda entrar al mercado de trabajo: que encuentre mejores posibilidades de desarrollarse en su oficio o su profesión, que tenga iniciativa para avanzar en sus emprendimientos e instrumentos para desarrollarse en las artes, las letras y la cultura.
Nadie quiere terminar Secundaria y descubrir que con lo mal y poco que aprendió no puede vivir con dignidad.
Lo que sucede es que los gremios (y ahora también los integrantes de las ATD) son profundamente conservadores, o peor aún, son reaccionarios. Se niegan al cambio porque tienen miedo de no estar preparados para afrontarlos y les da pereza hacer el esfuerzo. Lo dicen a voz en cuello los dirigentes de sus sindicatos, en especial los de Fenapes, tan desprestigiado y carente de seriedad.
Cuando el Frente Amplio quiso hacer su propia reforma (la única, aunque fue importante), la hizo por fuera de la Anep para no tener que lidiar con ese espíritu conservador y retardatario de muchos de sus docentes. Con ese criterio actuó Tabaré Vázquez en su primer gobierno, cuando puso en marcha el Plan Ceibal. Funcionó porque no se consultó a los docentes.
Eso tienen que hacer las autoridades ahora. Seguir para adelante aunque el cacareo sea intolerable. Esta reforma hay que hacerla sí o sí. Es lo que la población quiere y lo que el país desesperadamente necesita. Si a ella se oponen todas estas fuerzas reaccionarias, será su problema, no de quienes denodadamente impulsan la tan necesitada transformación.