SEGUIR
Las reapariciones públicas de Raúl Sendic y Daniel Martínez ratificaron la sabia decisión del pueblo uruguayo de generar un cambio de partido en el gobierno del país.
Siquiera pensar por un instante lo que habría sido el manejo de la pandemia con Martínez de presidente y Sendic en algún cargo de relevancia, hiela la sangre de cualquier ciudadano informado y con sentido común.
Entre los delirios y las posiciones absurdas transcurrieron ambas intervenciones en la prensa de dos personajes que han sido maltratados por sus propios correligionarios, que los usaron en su momento de esplendor y los tiraron abajo del tren cuando ya no les servían. Sin embargo, en algunos temas de fondo algunas de sus expresiones son sintomáticas de la posición actual de la oposición en varios temas que trasuntan el desprecio al Estado de Derecho y valores fundamentales como la honradez en el ejercicio de la función pública.
Raúl Sendic, por ejemplo, cuestionó la auditoria de Gas Sayago, un informe que demuestra que fue un proyecto voluntarista, sin estudio técnicos detrás, con hechos de apariencia delictiva y que le deparó a la sociedad uruguaya pérdidas por más de 200 millones de dólares, sangría que aún no ha concluido. Lo insólito es que ante una estrafalaria y mal concebida inversión pública, en vez de admitir los errores cometidos para no volver a repetirlos, se defiende lo actuado. Y no es solo Sendic, varios legisladores del Frente Amplio están defendiendo a Gas Sayago como si hubiera sido una maravilla insólitamente atacada por el gobierno.
Lo cierto es que el gobierno está defendiendo el interés de los uruguayos y eso deberían hacer los políticos de todos los partidos. La defensa de groseros errores -cuando menos- da lugar a los comentarios despectivos de los políticos, porque para la gente defender el mal gasto detrás del cual se llenaron los bolsillos con sueldos abultados y todo tipo de prebendas algunos amigos del poder de turno es visto como un hecho deplorable.
Otro tema que puede parecer menor, pero no lo es, es la premura del Frente Amplio por pretender que el gobierno nacional reconozca como presidente electo de Perú a Pedro Castillo, cuando aún no se ha pronunciado su propio país a través de los organismos competentes. Salvo el gobierno de Alberto Fernández en Argentina ningún otro país se ha pronunciado, lo que habla por sí mismo.
Es curioso que el mismo Frente Amplio que no quiso reconocer su derrota electoral en las pasadas elecciones hasta que culminó el conteo de la Corte Electoral, aunque el resultado quedó claro desde la misma noche de la elección, ahora quiera apurar al gobierno nacional a cometer una imprudencia desconociendo la autodeterminación de los peruanos. Es el mismo Frente Amplio que se quejaba de que no aumentaran los combustibles porque argumentaban que era un gasto regresivo para el Estado y cuando aumentaron se quejaron de su impacto sobre la población. En fin, su estrategia de siempre, estar en contra de lo que haga el gobierno, aunque sea bueno para el país, a veces hasta pareciera que especialmente si es bueno para el país.
El gobierno nacional, en todo caso, se comportó con la prudencia debida en el caso peruano. Es muy probable que Pedro Castillo sea finalmente proclamado presidente del Perú y en ese caso se hará la declaración correspondiente y se continuarán las excelentes relaciones que sostienen nuestros países. Antes de que se pronuncie el propio país es propio de populistas que desconocen el Estado de Derecho y es por eso que la actitud del Frente Amplio debe tenerse en cuenta. La acumulación de actitudes contra el derecho más elemental en una larga serie de temas ya es alarmante.
Hoy nuestro sistema político, más que por partidos se define por actitudes y definiciones concretas. ¿El Estado escudo de los débiles o para colocar amigos? ¿El Estado de Derecho debe prevalecer o la política está por encima?
Quizá como ninguna otra actitud la tenga la despedida con una ovación de pie en el Parlamento que le dieron al diputado Daniel Placeres cuando renunció a su banca ante el pedido de procesamiento elevado por la Justicia, pero los hechos se acumulan y ya generan un prontuario del que conviene estar alerta.
Es muy claro entonces que hoy nuestro sistema político, más que por partidos se define por actitudes y definiciones concretas. ¿El Estado escudo de los débiles o para colocar amigos? ¿El Estado de Derecho debe prevalecer o la política está por encima? ¿El Derecho como garantía para todos o el populismo al servicio de una ideología derrotada por la historia?
Son definiciones centrales, que hacen a dos visiones de país diferentes, con diferencias nítidas sobre la vida de todos quienes vivimos esta República.