Desborde del sindicato policial

El reciente corte de una ruta ejecutado por un grupo de policías es un hecho demasiado grave como para relegarlo al olvido. Se lo menciona poco y no hay noticias sobre la investigación y sanciones contra los responsables que anunció el Ministerio del Interior. La posibilidad de que en el futuro el país vuelva a conmocionarse ante un grupo de uniformados transformados en piqueteros debería bastar para que se adopten medidas urgentes que erradiquen la repetición de esos actos aberrantes.

Todo empezó en 2005, bajo el mandato de Tabaré Vázquez, cuando la policía recibió vía libre para conformar sindicatos pese a las críticas de la oposición. Es probable que hoy, dentro del gobierno de José Mujica haya más de un arrepentido de aquella decisión. Entre ellos quizás figure el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien entonces ocupaba la cartera de Trabajo desde donde se alentó la agremiación policial que ahora amenaza convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades.

Es que el corte de la ruta Interbalnearia practicado por la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) al inicio de la temporada turística, replanteó los peligros de la sindicalización de los encargados de velar por la seguridad de todos. Devenidos en piqueteros, decenas de policías bloquearon la carretera, distribuyeron volantes y engendraron una cola de vehículos de casi un kilómetro de largo. El episodio es gravísimo porque los noveles piqueteros son funcionarios sometidos a un estatuto especial de disciplina cuya misión es velar por el orden público. No sólo alteraron ese orden sino que violaron derechos esenciales de los ciudadanos, entre ellos la libertad de tránsito.

Las razones invocadas por la USIP para justificar ese aquelarre fueron varias. La más importante apuntó contra la reforma de la organización policial que dividió la capital en 4 zonas y cambió el funcionamiento de diversas dependencias. Aducen los manifestantes que debieron ser consultados previamente, una postura que llevada al extremo habilitaría a los gremialistas a codirigir los servicios de seguridad junto al Ministro del Interior y los mandos policiales.

Uruguay no es el único país en donde existen sindicatos policiales, pero seguramente es de los pocos, si no el único, en donde sus dirigentes se atreven a cortar una ruta con la intención de jaquear al turismo, uno de los grandes rubros de la economía nacional. Al respecto conviene recordar que cuando la izquierda favoreció la sindicalización años atrás, hubo quienes alegaron que ello, aparte de contrariar la Ley Orgánica Policial, podía ambientar un tironeo constante entre las autoridades regulares y el gremio en un área tan delicada como la preservación de la seguridad.

Hoy, visto lo ocurrido, la izquierda gobernante parece dispuesta a analizar, esta vez con menos ligereza que en 2005, hasta dónde son tolerables los desbordes corporativos de funcionarios a quienes la sociedad les confiere el monopolio de la fuerza pública. En tal sentido, se menciona la eventual creación de un "marco jurídico especial" para los sindicatos policiales que podría surgir de una ley, un decreto o incluso de un convenio colectivo acordado con los policías. En cualquier caso, quienes elaboren esas normas deberán sopesar los riesgos que temerarias acciones gremiales entrañan para la disciplina de la Policía visto y considerando que en el corte de ruta hubo cabildeos y discusiones entre gremialistas y mandos policiales que concurrieron a restaurar el orden.

Fue un enfrentamiento que puso en juego nada menos que el principio de autoridad que debe primar en la organización policial que, sin ser tan rígida como la militar, actúa encuadrada en claras normas jerárquicas. Dicho principio se pone en cuestión cuando los jefes policiales se ven obligados a polemizar e incluso a contender con subordinados que invocan una representación gremial. En tales casos, la verticalidad que debe imperar en la fuerza queda en entredicho ante un poder sindical desmedido.

Si las tensiones y conmociones de esta naturaleza son indeseables en toda circunstancia, más lo son en momentos en que la sociedad uruguaya padece el empuje de la criminalidad. Hoy más que nunca el país necesita un servicio de seguridad en donde la jerarquía de los mandos y la disciplina no se expongan a ser quebrantadas por un grupo de sindicalistas arrebatados.