Derechos vulnerados por el poder

Cruel ironía resulta (en español) que se llame Hadi Matar, el descerebrado que acuchilló al escritor de origen indio Salman Rushdie, quien desde hace varios días se debate entre la vida y la muerte tras la brutal agresión.

Absurdas coincidencias aparte, el cobarde ataque a este intelectual de prestigio provocó una justificada repulsa a lo largo y ancho del globo. Repugnante episodio originado en un macabro radicalismo abrevado en el irracional discurso del Ayatola Jomeini, fundador de la teocracia islámica que gobierna Irán, hoy encabezada por su sucesor Ali Jamenei. Un hecho deleznable en lo humano a la vez de extremo, hacia la libertad de expresión. Este joven de origen libanés acaba de herir mortalmente al autor y otras personas vinculadas con él, como el traductor japonés, han sido víctimas de la insanía asesina instigada por el fanatismo.

Se trata de una embestida más contra un derecho fundamental del individuo; la posibilidad de expresarse libremente, cuya internalización se fue afianzando en las distintas sociedades, no sin luchas ni tragedias a lo largo de los siglos. Sobre todo en lo que llamamos Occidente, aunque las embestidas en todo el planeta incluido nuestro continente no han desaparecido. Es deber del periodismo sacarlas a la luz y denunciarlas firmemente, no sea que un sonámbulo acostumbramiento contribuya a su existencia. Y otro tanto cabe a los organismos internacionales y a las instituciones sociales surgidas para defender las prerrogativas de las personas. Por más que a veces, disfrazadas de tales, se transformen en mera burocracia o herramientas políticas. Tal como se ha visto bajo los gobiernos del Frente Amplio, a partir de la creación del Inddhh, ahora con nueva integración.

América Latina es reducto de tiranías, por más que tengamos dirigentes políticos en nuestra tierra, como la actual intendente de Montevideo, Carolina Cosse entre otros, que aseveran que Cuba y Venezuela son democracias. Pero desgraciadamente no son las únicas y Nicaragua está haciendo lo posible desde hace varios años para compartir ese podio. En la última quincena, la persecución a la prensa independiente y a la Iglesia Católica escaló varios puntos. El gobierno cerró 11 medios de comunicación, 7 de las cuales eran radioemisoras vinculadas a las diócesis que dirige el Obispo Alvarez, una de las voces más duras contra el actual poder. El 4 de agosto, tras varios días de acoso policial, quedó encerrado en la sede episcopal junto a otras 11 personas, 5 de ellos sacerdotes. Como dijera el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, “con un solo golpe, el gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país donde las estaciones clausuradas prestaban un valioso servicio a la comunidad.” Pero no fue el único caso, ya que algo similar le ocurrió al párroco de otro municipio de Matagalpa además de las 18 hermanas de la orden de la Madre Teresa de Calcuta, (Misioneras de la Caridad) que fueron expulsadas del país el mes pasado. Los periodistas del diario La Prensa que cubrían los hechos, (hoy día circula solo on line luego de que las fuerzas policiales ocuparan la planta un año atrás) fueron perseguidos y los dos conductores del periódico detenidos con prisión preventiva de 3 meses para “investigaciones”, mientras las viviendas del periodista y el fotógrafo fueron allanadas esa misma noche. Justamente dos directores de dicho periódico, Pedro Joaquín Chamorro y Cristiana Chamorro Barrios figuran entre los 6 periodistas condenados con hasta 13 años de cárcel, sobre los que la SIP advirtió sobre el deterioro de su estado de salud.

Son presos de conciencia, sentenciados en juicios sumarios, sin debido proceso y por delitos inexistentes, encarcelados desde junio y agosto de 2021. Tres de ellos, Miguel Mora, Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Hollman, recluidos en la prisión El Chipote en condiciones deplorables. Sometidos a aislamiento, pésima alimentación, malos tratos, torturas físicas y psicológicas y nula atención médica, según denunciara la SIP. El periodismo en Nicaragua se encuentra bajo un feroz ataque sistemático del gobierno de Ortega y su mujer, Murillo, que ha ido en ascenso desde 2018. Fecha desde la cual se contabilizan 190 presos políticos según los datos obtenidos por diversas vías, ya que oficialmente no se informa de ello, con un agravamiento de la situación a partir de mayo de 2021.

Desde entonces hay un incremento de las acciones de descalificación y hostigamiento, sumados a la implementación de un combo de leyes represivas, persecución judicial y detenciones arbitrarias a fin de generar temores y autocensura.