El Frente Amplio (FA) viene entregando por etapas sus propuestas para gobernar. Hace unos meses fueron las bases programáticas (BP), que todos los candidatos presidenciales de la interna se comprometieron a cumplir. Y hace unas semanas Orsi presentó en Colonia las “prioridades para gobernar Uruguay” (PGU) que en algunos casos retoma lo expresado en las BP y en otros amplía y especifica lo allí resuelto.

Hay un punto que definitivamente resulta prioritario para el FA porque fue tratado en las BP y retomado luego en las PGU: se trata del plan de vivienda social. Según las BP consiste en “desarrollar de manera enérgica la política nacional de alquileres combinando diferentes instrumentos. Entre ellos, se creará un sistema de alquiler social regulado en precios, plazos y renovaciones, paralelo al actual.

El actual sistema seguirá funcionando. Quienes opten por el nuevo sistema recibirá estímulos estatales (garantías, subsidios, préstamos blandos para mejoras, etc.). Complementariamente, se conformará un parque de viviendas de propiedad estatal para alquiler social”.

Según las PGU el asunto se desarrolla así: “proveer la creación de un stock de viviendas destinadas a alquileres accesibles, comenzando con una experiencia piloto. En los últimos años, ha habido un aumento de la demanda de alquileres y de la especulación inmobiliaria, particularmente en zonas urbanas. Sin embargo los montos de referencia de los arrendamientos no han tenido variaciones sustantivas, por lo cual sigue siendo relevante el porcentaje de los ingresos que las familias destinan. Tras su evaluación y ajuste, el programa se ampliará como política pública para garantizar el acceso a una vivienda digna”.

Más allá de algunos notorios problemas de redacción, lo cierto es que la posición del FA es clara: irá a un sistema de viviendas paralelo al actual con alquileres subvencionados por distintas vías de parte del Estado, de manera de competir y contrariar al mercado generado a partir de la inversión privada (que promueve “especulación inmobiliaria” según la izquierda). En las BP se establece el mecanismo y el objetivo; en las PGU se define que se irá primero a una experiencia piloto -cuya magnitud no se detalla, por cierto- y luego se extenderá como política pública general.

Lo que está anunciando el FA entonces, con total claridad y en reiteración real, es que liquidará todo el mercado de inversiones inmobiliarias que tanto éxito ha tenido, por ejemplo, en la zona centro y cordón de Montevideo. Porque, claro está, nadie que tenga dinero ahorrado decidirá volcarlo a estos proyectos de inversión cuando desde el gobierno se promoverá una competencia subvencionada que procure bajar el precio de los alquileres y, por aumento artificial de la oferta, que busque bajar también el precio de los apartamentos recientemente construidos.

La demagogia de “garantizar el acceso a una vivienda digna” se viste así con ropajes de cambios de reglas de juego claves en un mercado fundamental para captar inversiones nacionales y extranjeras y para multiplicar la mano de obra en el sector de la construcción. Pero no es la única medida de es-te tipo que anuncia el FA. En efecto, también según las PGU destinará dinero para (casi) todas las familias del Uruguay: se trata de “implementar un apoyo de $ 2.500 a las familias con niños y niñas que vayan a centros de educación inicial (CAIF y otros), jardines y escuelas de la ANEP, para el arranque de clases”.

Estamos ante el manual de la perfecta demagogia electoral. El FA no aclara, por ejemplo, lo siguiente: ¿se trata de $ 2.500 por familia, independientemente de la cantidad de hijos que ella tenga, o de $ 2.500 por niño? ¿Si una familia tiene dos niños y uno de los dos va a la escuela privada, igualmente accederá al apoyo? Además, nada se dice de cómo se financiará esa medida ni de cuánto será su impacto presupuestal, algo clave para evaluar la seriedad de la propuesta. Finalmente, la PGU así definida muestra ser extremadamente injusta: no es lo mismo $ 2.500 para una familia humilde que resida en la capital de Rivera, por ejemplo, donde el costo de vida es menor por la economía de frontera, que lo que rinde ese mismo dinero en Maldonado; y no es lo mismo recibir ese monto cuando los ingresos familiares son menores de $ 60.000 mensuales o cuando son mayores a $ 120.000, por ejemplo, siendo que las dos familias envíen sus hijos a escuelas de la ANEP.

Demagogia, mal diseño, y falta de previsión en la financiación de medidas de gobierno: eso propone el Frente Amplio.