Datos sobre cárceles: ¿qué hacemos?

Hace algunas semanas el ministerio del Interior publicó el Anuario 2025 de su Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA). Se trata de una presentación muy amplia, de 136 páginas, sobre estadísticas acerca de la situación de inseguridad que vive el país. Dentro de sus innegables ventajas se destacan dos: que plantea datos de evoluciones anuales, con antecedentes de largo plazo que en algunos casos superan los veinte años; y que concentra allí informaciones que antes estaban desperdigadas en distintas publicaciones e informes públicos.

Hay un loable esfuerzo por ampliar el conjunto de indicadores tradicionales con el que toda la opinión pública se ha manejado en estos años sobre estos asuntos. Si efectivamente el problema de la inseguridad es de los más graves que sufre el país, es buena cosa tener más y mejor información como la incorporación de fenómenos hasta ahora poco analizados con herramientas específicas: por ejemplo, se incluyen en este Anuario de AECA cantidad de secuestros y estadísticas penitenciarias.

Importa mucho esta última dimensión de la inseguridad: la realidad de las cárceles del país. Es algo sobre lo que durante años hemos insistido en esta página. Hay que saludar el esfuerzo de poner en conjunto, para hacerse de una idea más general del problema, datos clásicos como son los hurtos, las rapiñas y los asesinatos, con la cantidad de personas presas y la situación de violencia que se sufre en las cárceles. Todo tiene que ver con todo en este tema, y obviamente no se podrá avanzar en mejorar la seguridad si no se tiene claro cuál ha sido la opción social que hemos tomado para tratar el tema de las cárceles.

Los datos son espeluznantes. Hace 10 años que el promedio de asesinatos por año dentro de las cárceles es de 17,5 personas por año. Es cierto que teniendo en cuenta que la población carcelaria ha aumentado, la tasa de homicidios en centros penitenciarios se ha estancado en el eje del 1/1000 sobre el total de personas privadas de libertad.

Pero sigue siendo escandalosamente alta desde 2014, cuando dio un salto para no volver a bajar a guarismos previos como el de 2013 (que fue de 0,3). Algo similar ocurre con los suicidios en las cárceles, que de 3 en total en 2013 pasaron a 15 en 2025, con una tasa que ronda el 1/1000 en estos años, similar a la de asesinatos.

El anuario presenta los datos del conjunto de personas privadas de libertad. El crecimiento es enorme: eran 7.004 en 2005, cuando se inicia el ciclo frenteamplista en el poder, y fueron en 2025 16.498 presos. Llevado a la proporción de presos sobre el total de la población, es decir la tasa de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, en 2003 eran 206,7 y en 2025 459,7. Para comparar, en Argentina en 2025 esa tasa era de 258 personas cada 100.000 habitantes, es decir mucho menos que Uruguay; y Brasil, que siempre se caracterizó por ser un país con altas tasas de personas presas, está en 2025 en una tasa de personas presas de 350/100.000. El informe señala que “Uruguay tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur y la décima más alta del mundo”. Hay además “hacinamiento en los centros penitenciarios del país”, con una mayoría de presos que lo están por condenas vinculadas al hurto o al tráfico o venta de drogas.

A partir de este diagnóstico, se sabe qué propone la izquierda. Lo anunció en campaña electoral y lo sostiene siempre que puede: hay que “desprisionalizar” el país, es decir sacar gente de las cárceles, y hay que buscar que los delitos tengan penas alternativas. El argumento simplista es: estamos con las cárceles llenas y de nada sirve encerrar más gente porque no son reeducadas, sino que en este estado las cárceles son como escuelas del crimen.

Pero la solución no puede ser esa. No es porque las cárceles estén llenas que hay que liberar a quienes cometieron delitos, ni tampoco dejar de sancionar duramente a los que los cometan, porque si así ocurriere las señales que estaríamos enviando como sociedad es que esto es un viva la pepa y que no pasa nada si se toma el camino de la delincuencia.

Con estos datos que aporta la AECA el problema se hace mucho más urgente y grave. No hay excusas: se precisa que la inversión privada se ocupe rápidamente de construir más cárceles y que la educación pública y privada tomen como prioridad impartir cursos de formación para que quienes están presos puedan tener herramientas de trabajo al salir de la prisión.

Los datos son muy claros. Estamos ante una bomba de tiempo.