¿Cuándo se jodió la seguridad?

La referencia del título es a la célebre pregunta de la novela de Vargas Llosa, Conversación en la catedral (1969), ¿cuándo se jodió el Perú? Aquí, en cambio, el tema es menos literario que estadístico: el Anuario 2025 del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del ministerio del Interior, publicado hace algunas semanas, arroja luces sobre las evoluciones de los delitos en un lapso más amplio que el sólo año de 2025. A partir de esos datos vistos en conjunto, la pregunta del título puede obtener alguna respuesta importante para tomar conciencia del camino que se debe seguir, o corregir, en función de los momentos de quiebres de tendencias de largo plazo que se verifican en las estadísticas de la inseguridad.

Se trata de un tema muy delicado por tres motivos. Primero, porque es uno de los más sensibles hoy en día en la opinión pública. Segundo, porque en la pasada administración varias estadísticas mejoraron drásticamente, y la respuesta del Frente Amplio fue deslegitimar esos datos y además negar que la situación estuviera cambiando para bien. Y tercero, porque el análisis de los años de quiebre se puede hacer sobre cifras objetivas, que están allí y nadie puede negar, y que por lo tanto no responden a lógicas partidistas interesadas en competencias electorales pensando en 2029.

Hay dos momentos de quiebre muy importantes. El primero ocurre en el año 2018: la tasa de homicidios pasa de 8,2 a 12 cada 100.000 habitantes, es decir que se cometieron 285 asesinatos en 2017 y pasaron a ser 420 en 2018, lo que implicó ser el peor año desde que se tienen registros. Obviamente, quien hile más fino verá un salto anterior, a partir de 2012: hasta ese año y desde 1989, Uruguay nunca había sufrido más de 244 asesinatos por año; a partir de 2012, nunca más bajó de 261 homicidios por año como mínimo.

En cualquier caso, a partir de 2018 está el salto mayor, ya que esa cifra nunca fue menor a los 307 asesinados de 2021 (año de pandemia). Nunca hubo menos de 371 homicidios por año en el último cuatrienio, y ese dato fue precisamente el de este 2025 que acaba de pasar. En este sentido, también ratifican ese momento de quiebre del año 2018 los datos estadísticos sobre rapiñas y hurtos que publica AECA. En efecto, en 2017 hubo 19.451 rapiñas, y la cifra saltó a 29.883 en 2018. Para los hurtos, entre 2017 y 2018 se pasó de 115.682 a 145.983.

Es evidente entonces que más allá o más acá de tal o cual medida que se fue tomando en estos lustros para enfrentar el aumento de la inseguridad, pasó algo importante en 2018 que decididamente empeoró la situación. Y lo que surge como una correlación relevante a los efectos de la situación penal es que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) entró en vigor el 1º de noviembre de 2017. Como sabemos, esta reforma cambió el sistema inquisitivo y escrito anterior por uno acusatorio, adversarial, oral y público, que dio a los fiscales la dirección de la investigación. No hay duda entonces de que aquí hay un problema muy serio: cuando cambió el sistema, se desmadró la inseguridad.

El segundo momento de quiebre es el año 2020, pero en un sentido opuesto al de 2018. A partir de 2020 en efecto empezaron a bajar los principales delitos contra la propiedad. Los hurtos pasaron del pico de 140.033 en 2019 a la cifra de 100.337 en 2025. Las rapiñas bajaron del pico de 30.641 en 2019 a 15.656 de 2025, con mejoras sustanciales que se han dado todos los años: no se veía una cifra tan relativamente positiva para las rapiñas desde 2010. En el caso de los homicidios el punto de quiebre es el año 2022, luego de la cifra algo particular de 2021 (que fue año de pandemia). Y el quiebre no es porque se haya invertido la tendencia, como ocurrió con hurtos y rapiñas, sino porque aquí ella no siguió agravándose: luego del pico de 2018, quedamos estancados en el eje de los 381 asesinatos cada año en 2022, 2023 y 2024, y bajaron a 371 en 2025.

Hubo por lo tanto algo positivo que ocurrió en 2020, y que se mantuvo con el cambio de administración, que permitió mantener la evolución a la baja de hurtos y de rapiñas, y también al menos impedir que siguieran aumentando la cantidad de homicidios. Seguramente allí haya varias explicaciones posibles y estén todas más vinculadas a la gestión en sí de la represión del delito, que a las definiciones generales más propias de las reglas de juego de un código de procedimiento penal como ocurrió en 2018.

La inseguridad sigue siendo un problema. Estos datos sirven para enfrentarla mejor.