Construir sin destruir

El primer aniversario del gobierno de Yamandú Orsi encontró al oficialismo celebrando un supuesto “cambio de prioridades” y a la oposición obligada a recordar algo elemental: en Uruguay la alternancia nunca fue sinónimo de demolición. Por eso resultó tan oportuno que el expresidente Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional pusieran por escrito un balance crítico del primer año y salieran a confrontar un relato oficial que pretende presentar como prudencia lo que, en los hechos, ha sido una deriva inesperadamente refundacional.

La discusión política es sana y necesaria. Nadie cuestiona el derecho -y el deber- de un nuevo gobierno a imprimir su impronta. Lo que sí sorprende es la magnitud de la destrucción, por acción u omisión, de políticas, reformas y proyectos que no solo eran identificables con una administración, sino con un consenso más amplio de modernización institucional.

Bajo modales amables y gestos amistosos se ha ido consolidando un liderazgo que ampara la reversión de reformas estructurales, la revisión sistemática de decisiones adoptadas con amplio respaldo técnico y la instalación de la sospecha permanente sobre todo lo actuado entre 2020 y 2025. Eso representa una ruptura con lo mejor de la tradición uruguaya post dictadura: construir sobre lo logrado por el otro, aun cuando se discrepe en matices.

El documento difundido por Lacalle Pou y el Partido Nacional no es una pieza nostálgica ni un ejercicio de autoelogio es simplemente una descripción. Señala con datos el deterioro de expectativas, la desaceleración de la inversión, la incertidumbre regulatoria y la señal ambigua hacia el sector privado. Y expone que, a un año de asumir, el gobierno ha preferido desmontar antes que mejorar.

En ausencia de ideas, la tentación refundacional resulta funcional. Si no hay un proyecto superador, siempre es posible declarar inválido lo heredado. En el mejor de los casos, el actual gobierno terminará concretando dentro de varios años patrulleras oceánicas distintas a las que negoció la administración anterior. O culminando la obra de Casupá para el abastecimiento de agua metropolitana, pero en una versión más lenta y objetivamente menos eficiente que la prevista. Cambiar por cambiar, para no reconocer continuidad.

Esto sin contar que otras iniciativas mucho más destructivas terminen encontrando un camino. Si en la práctica tiene andamiaje la idea mencionada por el coordinador del diálogo social Hugo Bai de rebajar la edad de retiro ya estaríamos en otro nivel, el daño de esta lógica de destruir lo anterior sería incalculable.

No es casualidad que las encuestas con las que comienza el segundo año de gobierno muestren una aprobación que entra decididamente en zona negativa. La retórica y la militancia pueden sostener cualquier artilugio intelectual. Se puede presentar una mejora puntual en un plan educativo como si fuera una revolución estructural que multiplicará libertad e igualdad. Se puede bautizar como “nuevo rumbo” lo que apenas es una reasignación marginal. Pero la realidad es siempre más cruda e implacable que los slogans.

En su comparecencia del 2 de marzo ante el Parlamento, el presidente Orsi defendió el “cambio de enfoque” y habló de prioridades sociales. Nada objetable en la intención. El problema es que, detrás de esa narrativa, lo que se percibe es la ausencia de un horizonte claro de crecimiento, competitividad e innovación. No hay viento de cola internacional ni recursos extraordinarios como en la primera década frenteamplista. Tampoco aparece, por ahora, una agenda de reformas que entusiasme o convoque.

En tres años y medio habrá elecciones nacionales. El Frente Amplio estará completando su cuarto mandato. Lo visto hasta ahora se parece mucho más al último gobierno de Tabaré que a los primeros años de expansión. Sin bonanza externa y sin ideas nuevas, la gestión podría seguir por este triste camino de definirse en función de desandar lo hecho por Luis Lacalle Pou.

Uruguay ha sido fuerte cuando entendió que la alternancia no es una guerra cultural permanente, sino una oportunidad para sumar capas de progreso. Construir sin destruir debería ser la regla no escrita de nuestra democracia. Cuando esa regla se quiebra perdemos todos.

La confrontación del relato no es un capricho partidario. Es una defensa de una tradición republicana que permitió que, gobierno tras gobierno, el Uruguay avanzara acumulando reformas, no borrándolas. Si el camino elegido es el de la demolición amable, el costo lo pagaremos todos.