Chile en problemas

A poco menos de dos meses de la instancia electoral acerca del proyecto de constitución generado por la convención electa en mayo de 2021, Chile presenta varios problemas.

Por un lado, las principales encuestas de opinión están dando hoy un escenario de triunfo del rechazo al proyecto aprobado por la convención. El dato es muy importante, ya que esta salida hacia la renovación del texto constitucional de 1980, grandemente modificado en 2005, fue la que dio oxígeno al último tramo de gobierno del ex presidente Piñera.

En realidad, lo que sufre Chile es un grave problema de diseño de aquella solución política. En efecto, la convención constituyente fue electa en comicios en donde el voto no era obligatorio. Fue así que concurrieron a las urnas sólo los ciudadanos más politizados, y prácticamente la mitad del total prefirió no ejercer su derecho de elección.

En cambio, el plebiscito de ratificación del próximo 4 de setiembre prevé que la participación sí sea obligatoria: el universo de votantes cambia pues, y con él también parece cambiar el clima político que en un principio era favorable al proyecto de nueva Constitución.

Por otro lado, la opinión pública ya está siendo muy crítica del presidente Boric. El problema no es solamente que el Ejecutivo no cuenta con una mayoría parlamentaria propia que le asegure cierta gobernabilidad -y aquí hay otro problema de diseño institucional chileno-, sino que desde el propio campo ideológico de la izquierda (en el cual sumó apoyos Boric cuando fue candidato) se están empezando a oír fuertes ataques hacia el oficialismo. Es que al comenzar a ejercer el poder, Boric moderó su talante: dejó así de lado el giro radical hacia la izquierda que las minorías activas querían llevar adelante.

Chile enfrenta así un dilema imposible. Por un lado, creyendo que el triunfo del rechazo a un proyecto constitucional que canalizó fuertes esperanzas populares en 2020 y 2021 implica un enorme fracaso político, hay quienes están promoviendo una especie de “rechazo para cambiar”. Esta opción significaría decir no a este proyecto constitucional concreto, para comprometerse inmediatamente a abrir la puerta a una nueva instancia de reforma de la Constitución de 1980. Es decir, rechazar en setiembre para perennizar un debate constitucional por un lapso de años.

Por otro lado, muchos de quienes se posicionan en favor del apruebo están planteando una suerte de “apruebo para reformar”. Aquí el cálculo es no frustrar el proceso de renovación iniciado con las revueltas de 2019, que trajo tanta ilusión ciudadana de un futuro mejor, pero a su vez aceptar de que hay varias iniciativas del nuevo texto que, definitivamente, no están adaptadas a la idea de un Chile moderno que acepta la economía de mercado y la democracia liberal.

En efecto, hay algunos problemas estructurales que este proyecto constitucional azuzan de manera francamente imprudente.

Un territorio más grande que el de Francia como es el chileno, por ejemplo, extendido por más de 4.000 kilómetros, precisa de un Estado fuerte y centralizado que asegure su gobernabilidad: así lo entendió siempre la historia del país trasandino. Sin embargo, el proyecto a votarse en setiembre inserta dimensiones de descentralizaciones que, con mucho peligro para la unidad futura del país, abren la puerta a futuras secesiones regionales.

Otro ejemplo muy grave: si la constitución nueva se aprueba, un país que se ha nutrido por décadas de poblaciones inmigrantes de distintos orígenes, y que todas ellas han contribuido a la formación de una chilenidad concreta y cierta, terminaría cediendo a la lógica identitaria de la multiculturalidad que ha estado tan de moda en otros países -como en Bolivia o en Ecuador- y que rompe con una tradición de construcción de un Estado - nación que ya lleva siglos. Se abrirá la puerta a ejercicios de “justicias comunitarias”, por ejemplo, y a una pluri- etnicidad que traerá consigo el germen de la dislocación de la unidad de todo Chile.

Gane el apruebo para reformar o gane el rechazo para cambiar, se va asentando la idea de que este proyecto constitucional no será definitivo. Chile está así en problemas, ya que, de primar esta visión de las cosas, no se estará aceptando radicalmente lo que el pueblo decida en la próxima cita de setiembre, a pesar de que será una instancia de voto obligatorio y que por tanto obtendrá la mayor legitimidad popular de todas las que se han realizado allí desde 2019. Importa recordarlo siempre: en democracia, “Vox populi, vox Dei”.