El cierre de este año 2023, llama políticamente la atención cómo los lineamientos que deja marcados condicionarán fuertemente los grandes desafíos electorales que tenemos que resolver el año próximo.

En primer lugar, está lo que refiere a la seguridad social. Fue en este 2023 que el ala sindical de la izquierda, que es el PIT-CNT, conducido con plasticidad por el Partido Comunista, decidió llevar adelante un plebiscito constitucional, cuya consecuencia sustancial es procurar derogar la reforma votada por la mayoría del Parlamento.

Y fue en este año también que parte de la izquierda política, que es el Frente Amplio, decidió seguir esos lineamientos sindicales, con importantes partidos como el Socialista, por ejemplo, alineados al requisito de juntar firmas, de manera de alcanzar las aproximadamente 250.000 necesarias y habilitar así la consulta constitucional.

Se trata de un condicionamiento muy fuerte para 2024. Porque, cuando la campaña sea definitivamente protagonista, el candidato presidencial elegido por el FA no podrá seguir dejando en “libertad de acción” a sus votantes: no se puede esquivar el bulto de un tema tan relevante que hace a la seguridad jurídica del país, a la capacidad financiera del Estado, y a la responsabilidad política con relación a las nuevas generaciones y al pago posible de sus jubilaciones. Todo ese condicionamiento habrá sido así moldeado por este 2023 y será fundamental en 2024.

En segundo lugar, está el posicionamiento de las principales candidaturas, que según todas las encuestas, hoy en día son cuatro con real chance de poder aspirar a ser electos presidentes en 2024: se trata de quienes llegan en primer y segundo lugar del FA y del Partido Nacional y quienes, además, están respaldados por importantes sectores partidarios con historia y con estructura en todo el país: Carolina Cosse y Yamandú Orsi, por la izquierda; y Alvaro Delgado y Laura Raffo, por los blancos.

De nuevo, se trata de un condicionamiento que surgió en este 2023. Con el natural peso que tienen las estructuras partidarias en los efectivos apoyos dirigenciales en favor de candidaturas presidenciales, en Uruguay no han tenido nunca posibilidad real de alcanzar el poder candidatos salidos de la nada y con pocos meses de exposición pública. Las candidaturas se tejen con paciencia y con negociaciones difíciles, y es por eso que el panorama relativamente despejado de opciones que tenemos por delante -que en absoluto quiere decir que la elección esté resuelta- es algo que terminó de forjarse en este año que se está cerrando.

En tercer lugar, está la anunciada paridad de bloques, FA, por un lado, con su variedad de izquierdas y Coalición Republicana (CR), por otro lado, con su alianza de partidos, que seguramente se mantenga para las elecciones parlamentarias. Paridad no quiere decir que la ciudadanía no pueda decidir inclinarse claramente en favor de uno de los dos bloques, y terminar así determinando un triunfo electoral claro: eso obviamente surgirá de los vaivenes de las campañas electorales, con sus candidatos efectivos y con sus propuestas diferentes en este 2024 que se abre.

Pero paridad quiere decir sí que la herencia de 2023, en materia de sistema de partidos. Es que, según todas las encuestas y todos los antecedentes electorales, el país tiene una división aproximada de 40%, de un lado, y 40%, del otro, en apoyos para cada bloque, y que hay un 20% del conjunto de los uruguayos que son los que terminan de hacer la elección y definir las mayorías. En esto también hay un balance y un condicionamiento general, que tendrá su fuerte influencia en las importantes decisiones políticas que tendremos que tomar el año que viene.

Finalmente, por sobre todas las cosas, este 2023 político habrá dejado en claro que para 2024 hay dos rumbos bien distintos sobre los cuales elegir. Y esa diferencia tan evidente es muy positiva para el país. Por tomar aspectos bien importantes de la definición de un gobierno, todos sabemos que no será lo mismo si gana el FA o si gana la CR en materias de inserción internacional, política de seguridad, política de impuestos, reforma de la seguridad social, cambios en la educación o manejo responsable de los gastos del Estado con su déficit fiscal y sus prioridades de inversión.

Se trata así de dimensiones relevantes que tendremos que resolver, para seguir avanzando camino al desarrollo, y que el Uruguay decidirá en paz y libertad, como ejemplar democracia que es en el mundo entero, en este 2024 que se abre lleno de fe republicana.