Cuántas veces se ha escuchado en los últimos años que hay que atacar no solamente la delincuencia cotidiana, que sufrió un aumento enorme entre 2005 y 2020, sino también las causas profundas del delito? ¿Y cuántas veces se ha dicho que para poder tomar medidas de largo plazo para enfrentar esas causas profundas del delito, que trasciendan las de una administración de gobierno, se precisa de un acuerdo multipartidario? Muchísimas. Pues bien: para dejar de hablar y poner manos a la obra, el ministerio del Interior ha avanzado en un borrador llamado “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva”.

Es un documento que varios expertos describen como lo más serio que se ha hecho en la materia en años. Tiene 55 páginas y plantea 15 propuestas. Se incorporaron allí ideas recabadas en el correr de diciembre y enero pasados del Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente y Partido Ecologista. Nadie con representación parlamentaria podrá decir que no se hayan tomado en cuenta posiciones suyas: se trata así de una estrategia integral y amplísima, de forma de fijar en su base un amplio acuerdo que sirva justamente de sustento a políticas de Estado que trasciendan coyunturas concretas y gobiernos específicos.

Sin entrar en el detalle del plan, que todavía tendrá esta semana una instancia de intercambios y probables incorporaciones de parte de todos los partidos políticos, y que se abrirá luego al diálogo con académicos y actores de la sociedad involucrados en estos temas, lo cierto es que se plantean un par de cambios importantes.

Por ejemplo, se busca registrar con mayor precisión lo que se llama las “cifras negras” de la criminalidad, es decir, los delitos que ocurren y que no se denuncian, y que históricamente se han estimado en un 30-40% del total pero sin contar con una base real para tal cálculo. También, se plantea en el borrador cambios institucionales que procuren mejorar el sistema penitenciario, que es el talón de Aquiles de toda la represión del delito ya que no se logra allí rehabilitar como se debe a la gran mayoría de los delincuentes. La propuesta es la creación de un ministerio de Justicia para la próxima administración en 2025.

Así las cosas, toda esta estrategia del ministro Heber presenta dos riesgos políticos. Por un lado, está la mala fe izquierdista, que se extiende en todos los temas que hacen a la agenda de la actualidad del país. En efecto, mientras que el Frente Amplio (FA) ha planteado ideas en este ámbito de diálogo que se han reflejado en las 15 propuestas del borrador, su senador Sánchez sale a criticar la iniciativa diciendo que se trata de un “manotazo de ahogado” del ministro Heber. También, el precandidato Orsi anunció que si fuera electo llevaría adelante un gran acuerdo interpartidario para combatir el crimen organizado: anunció pues, que hará exactamente lo que ya se está haciendo ahora con participación expresa de su fuerza política.

En qué quedamos entonces: ¿sirve el diálogo de largo plazo para generar acuerdos, como se insiste desde el FA, o cuando el oficialismo convoca a un proceso de este tipo el cálculo menor politiquero izquierdista aprovecha para golpear al gobierno, dando a entender que el diálogo es sinónimo de falta de ejecutividad, o haciendo como que ese diálogo no está ocurriendo?

Por otro lado, está el riesgo de que haya actores que participen del proceso pero que terminen siempre criticándolo, porque al final el resultado no sería el que ellos hubieran querido de acuerdo a todas sus ideas sobre el tema. Cabildo Abierto, por ejemplo, ha insistido con la importancia del trabajo obligatorio para la totalidad de los presos, de forma de crear hábitos y disciplina que mejoren una futura inserción al salir de la cárcel. Y seguramente pueda tener razón en lo que señala, pero también es cierto que se trata de una instancia de acuerdo amplia y que lo importante en este sentido es encontrar caminos de consenso con otros partidos en los que seguramente después, luego de probada la consolidación de la política de Estado, sí se puedan agregar otras iniciativas concretas.

El final del proceso seguramente tendrá un acuerdo beneficioso para el país. Como expresó el ministro Heber, “no estamos pidiendo opiniones sobre qué tenemos que hacer en nuestra lucha contra el crimen, sino que estamos intentando construir cómo atacar las causas de la violencia y el homicidio”. En definitiva, en un tema tan grave, el gobierno está dejando un legado positivo para la próxima administración.