A mí me decían “no hables de eso”

Anteayer, el programa Desayunos informales de canal 12 entrevistó al profesor grado 5 en Arqueología José María López Mazz, acerca del reciente hallazgo de restos óseos en el Batallón 14 de Toledo.

En un intercambio pautado por un respetuoso pero inocultable cuestionamiento del antropólogo a la actual conducción de la búsqueda (habiendo sido él su responsable durante diez años, hasta su renuncia en 2014), hubo algunos momentos particularmente reveladores de la gestión realizada por los gobiernos del ciclo frenteamplista al respecto.

Tal vez el pasaje más impactante de la entrevista se dio cuando López Mazz refirió que había obtenido el testimonio de un testigo directo de la discutida “Operación Zanahoria”. Lo que informa el antropólogo resulta inquietante: “Yo quise judicializar esas declaraciones. Me acuerdo que estaba (Miguel Ángel) Toma, a quien le llevamos el testimonio de un hombre que proveía de combustible a la máquina que hacía la operación Zanahoria, para que lo registraran oficialmente, sugiriendo nosotros la figura del testigo protegido, aunque no entendemos tanto de Derecho. Toma entendió que no se ajustaba a la circunstancia y, bueno…”

La mesa de periodistas reaccionó con sorpresa. Nicolás Batalla, Leonardo Haberkorn y Paula Scorza comprendieron de inmediato que allí había una develación de alta relevancia y preguntaron, entonces, si esa información nunca había llegado a la Justicia y qué había dicho el doctor Toma al respecto. La respuesta a ambas preguntas fue: “No me acuerdo. Nosotros lo orientamos hacia allí y después nos dijeron que no había condiciones de tomar ese testimonio de manera oficial, que la figura del testigo protegido no se adaptaba”. Consultado sobre dónde quedó registrada esa declaración, López Mazz agregó: “Está en los archivos de información, yo no me llevé nada para mi casa, hay testimonios, está en la base de datos del GIAF (Grupo de Investigación en Antropología Forense)”.

A continuación, admitió que durante las presidencias de Vázquez y Mujica “se recibieron muchos testimonios, entre ellos testimonios directos”.

“¿Nada de eso pasó a la Justicia?”, le preguntaron.

“Que yo sepa, no”, respondió López Mazz con pasmosa seguridad: “A mí me decían ‘no hables de eso, no hables de eso’. ¡Pero yo tenía que comunicar los resultados de la investigación!”.

Consultado sobre quién se lo decía, se atajó: “Me lo reservo. Pero a mí se me sugería que no hablara de eso”.

La pregunta de cajón vino de inmediato: “¿Cuál sería la explicación para no hablar de eso?”. López Mazz replicó: “no lo sé, nunca entendí bien. Por ahí hay algo que se me escapa, pero lo he pensado durante muchísimos años. ¿Cuál sería el peligro? El peligro sería: si sacamos todo no vamos a financiar más la investigación. ¿Pero cuál es el precio por ocultar la verdad si lo que queremos es verdad y justicia?”.

Uno de los periodistas aventuró una hipótesis insólita para verificar tamaña acusación: “¿O sea que por mantener los puestos de trabajo se puede distorsionar la verdad?”. Y cuando el sentido común indicaba que el entrevistado se desdeciría, puntualizó impertérrito: “Lo dijiste tú, yo no. Cada uno sabe lo que hace. La historia tiene un tirón más largo”.

La presunción es grave, sobre todo si se tiene en cuenta que ya hubo un antecedente en que un gobierno del FA omitió divulgar información sobre el terrorismo de Estado durante la dictadura.

Todavía está fresco en la opinión pública el ocultamiento de aquel tribunal de honor donde había declaraciones explícitas sobre el asesinato y arrojo al Río Negro del cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro. El hecho se conoció gracias a la investigación publicada en 2019 por uno de los periodistas que ahora acaba de sacar este nuevo hilo de la enredada madeja, Leonardo Haberkorn.

Pero el encadenamiento de inoperancias genera aún más suspicacias si se tiene en cuenta el actual rechazo de dirigentes frenteamplistas a la publicación íntegra de los archivos de la dictadura, con la excusa de que podría afectar a las víctimas en su fuero íntimo.

Parece que llegó la hora de que no se utilicen más los deplorables crímenes de aquel triste pasado como bandera de acumulación política y se llegue hasta el fondo en la búsqueda de la verdad histórica.

Es la distancia que separa a la demagogia del ejercicio res- ponsable y ético de la función pública.