Zapatero a tus zapatos, sin dictaduras del sindicato

Alberto Rodríguez Genta | Montevideo
@|A los uruguayos nos costó mucho, muchísimo entender la necesidad de incluirnos, aceptarnos y valorarnos todos, desde las distintas ideologías, partidos políticos, actividades laborales, sociales y demás.

Nos costó mucha sangre, mucho desgarramiento social y la pérdida de familiares y amigos que aún estamos tratando de encontrar.

¡Fue muy duro soportar más de 12 años de dictadura! Por eso amamos la democracia, como forma suprema de expresar nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestro sagrado derecho a elegir a quienes nos han de gobernar.

Pero algunos compatriotas, inmersos en sus luchas ideológicas y en sus cotos cerrados, cometen el error de no respetar los derechos y obligaciones que tienen frente a las mayorías de sus compatriotas. Y pretenden adueñarse de posiciones y decisiones que comprometen la salud y el futuro de sus empresas y/o instituciones. Me refiero a hechos puntuales que están ocurriendo.

Uno, la polémica asociación de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland) con privados, para la explotación del portland, y en cuya gestión ha resultado un fracaso con pérdidas de millones de dólares, año tras año, mientras empresas privadas han tomado el liderazgo.

Y aquí se da nuevamente el principio de Peter, o principio de incompetencia de Peter, basado en el análisis de cientos de ejemplos de incompetencia en las organizaciones, y que explica los casos de acumulación de personal con el fin de solucionar la incompetencia de los superiores jerárquicos, hasta que los procesos de ascenso eleven a su vez a los recién llegados, a sus niveles de incompetencia.

Claro; para el personal del sector público no es tan importante la buena o mala gestión de la empresa, gane o pierda, mientras sigan cobrando sus sueldos y conserven su cuota de poder. Porque el riesgo y las pérdidas las pone el Estado, ese paternal sujeto que todo perdona y que todo lo paga.

Por ello, mientras en este caso ANCAP pretende asociarse con un inversor privado que asuma la responsabilidad de la gestión, frente a una feroz competencia, el sindicato de sus trabajadores denuncia un acto de inconstitucionalidad, alegando que significa “la entrega del ente” al sector privado. ¿Y será que tiene sarna o efectos cancerígenos, el sector privado?

Bueno; son las viejas rémoras del comunismo, tan adentrado en actividades socioeconómicas y culturales de nuestra sociedad, y que sigue negando la inclusión y aceptación de parte de nuestros compatriotas. Y rechazan el aporte de quienes saben crear el valor económico para sustentar con divisas, impuestos, empleos y trabajo los planes sociales que benefician a los más necesitados de la nación.

El abogado y profesor Grado 3 de Derecho Administrativo, Pablo Schiavi, dijo a El País que “es exagerado catalogar (al proceso) como inconstitucional”; que la discusión de fondo “es en verdad ideológica” y advirtió que se debe “tener cuidado al usar el término inconstitucional solo por no estar de acuerdo” con el proyecto.

Schiavi entiende que en este caso “el sindicato no tiene legitimación para impugnar una resolución del directorio que refiere a temas de gestión” de la empresa.

Es que en el sector privado la responsabilidad de la gestión de una empresa no depende de las decisiones de su sindicato, sino de la idoneidad de sus directivos, quienes, en todo caso, pagarán con sus cargos o con sus bienes personales los posibles fracasos.

¿Se hará cargo el sindicato de las pérdidas de la empresa estatal, por su ineficiente gestión? ¿O es otra forma de dictadura por no aceptar la inclusión?

En último caso, zapatero a tus zapatos, para que exista el sindicato.