Dr. Jorge Cassinelli | Montevideo
@|La reiteración de episodios que ponen en cuestión el adecuado control del gasto público demuestra que el sistema vigente presenta debilidades que ya no deberían postergarse. En ese contexto, corresponde revisar el régimen de observaciones del Tribunal de Cuentas.
Cuando el Tribunal detecte irregularidades, sus observaciones deberían suspender automáticamente el acto observado hasta que éstas sean plenamente subsanadas. Si, aun así, un jerarca insistiera en ejecutar el gasto, debería asumir de forma expresa la responsabilidad personal, patrimonial y, cuando corresponda, también penal, dejando constancia formal de su decisión.
El manejo de fondos públicos exige un estricto deber de rendición de cuentas, acorde con la magnitud de los recursos administrados y con el deber de proteger el patrimonio de todos los ciudadanos.
Quien decide apartarse de los controles técnicos y jurídicos no puede quedar amparado por la impunidad ni trasladar las consecuencias de sus actos al conjunto de la sociedad. Fortalecer la eficacia de los controles y asegurar que quienes administran recursos públicos respondan por sus decisiones, constituye un requisito indispensable para preservar la confianza ciudadana y la integridad de las instituciones.