Sindicalismo politizado

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@| La reciente reunión entre el PIT-CNT y las autoridades por la Rendición de Cuentas trasluce la insistencia de la cúpula sindical en aplicar viejas fórmulas colectivistas que la historia ya ha juzgado y condenado. Fuertemente influenciado por sectores de matriz comunista, el PIT-CNT continúa apostando al dogma del gasto público infinito y la intervención estatal; esta visión ignora deliberadamente que el control centralizado y la asfixia al sector privado solo destruyen el aparato productivo, desincentivan la inversión y sumen en la pobreza a los pueblos mientras consolidan a pequeñas elites burocráticas dominantes.

El peligro de este enfoque se vuelve evidente al desmenuzar las tres propuestas centrales que la central sindical pretende imponer en la agenda nacional:

-El “Impuesto al 1%” y asfixia al capital. Crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio desincentiva la llegada de inversiones, debilita la competitividad y provoca la fuga de capitales, terminando por perjudicar a los sectores más vulnerables a través del desempleo.

-Reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial. Reducir las horas de trabajo manteniendo los salarios incrementa drásticamente los costos laborales de las Pymes, forzando el cierre de comercios, acelerando la automatización o empujando a los trabajadores hacia la informalidad.

-El Estado como motor artificial del desarrollo. Exigir un gasto público sobredimensionado genera déficit fiscal e inflación estructural, un impuesto encubierto que devora el poder de compra de los más pobres y deriva en ineficiencia burocrática.

Soluciones reales:

La necesidad de una reforma constitucional. Esta insistencia es el síntoma de un problema estructural profundo, un sindicalismo que ha abandonado la defensa genuina de los trabajadores para convertirse en un brazo político partidario. Frente a una corporación que traba el desarrollo utilizando los recursos de todos, se vuelve indispensable impulsar una reforma constitucional que ponga límites claros a las cúpulas sindicales a través de tres soluciones reales.

-Regulación del derecho de huelga y prohibición de ocupaciones. Prohibir constitucionalmente las ocupaciones, garantizando el derecho a trabajar de los no huelguistas, e imponer el voto secreto y obligatorio de los trabajadores antes de declarar un paro.

-Transparencia financiera y personería jurídica obligatoria. Exigir personería jurídica para operar, obligando a los sindicatos a auditar públicamente sus estados contables y transparentar el origen y destino de sus fondos.

-Prohibición de la actividad político-partidaria. Establecer incompatibilidades estrictas para que las estructuras gremiales no se usen como plataformas electorales, impidiendo que los dirigentes se postulen a cargos políticos sin renunciar con dos años de antelación.

El dilema presupuestal real no radica en gastar más para satisfacer demandas corporativas, sino en administrar con responsabilidad los recursos de los contribuyentes.

Uruguay necesita mirar hacia adelante, promoviendo la libertad económica y la eficiencia pública, avanzando hacia una reforma constitucional que desmantele los privilegios de una dirigencia aferrada a dogmas perimidos.