Reforma del CPP

Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|La reforma del Código de Procedimiento Penal.

Esta reforma presentada por Orsi tiene graves inconvenientes. Aunque promete más juicios orales, plazos estrictos y mayor oralidad, no incluye recursos humanos ni económicos adicionales; las fiscalías ya tienen hasta 300 casos por unidad, por lo que los cambios generarán más demoras, procesos paralizados y frustración.

Otro error es la reinstauración de la suspensión condicional para delitos leves (aunque se excluyen violencia de género, sexual o doméstica).

En la práctica, podría convertirse en una vía de salida fácil, ya que las fiscalías saturadas archivarán o suspenderán casos para reducir la carga, erosionando la credibilidad del sistema y generando impunidad.

La iniciativa tiene un fuerte componente político, se presenta como corrección a la LUC pero busca recuperar terreno del anterior gobierno; el rol de Jorge Díaz, arquitecto del CPP actual que ahora se reconoce con fallas, genera desconfianza, ya que no parece una revisión técnica imparcial sino un ajuste ideológico. Además, mantiene vicios estructurales como exceso de procesos abreviados, sobrecarga y falta de priorización de delitos graves.

Propuestas concretas:

Se necesitan cambios constitucionales, prohibir leyes que generen obligaciones sin fuente de financiamiento específica; exigir informes técnicos independientes de impacto presupuestario y operativo antes de que los proyectos ingresen al Parlamento; incorporar responsabilidad por incumplimiento, con rendición de cuentas ante la Asamblea General; y requerir mayoría calificada para cambios significativos al CPP, evitando modificaciones por conveniencia política.

En resumen: la reforma falla al ignorar la realidad del sistema y legislar sin recursos. Sin reglas institucionales seguiremos teniendo leyes que no se pueden cumplir, generando más ineficiencia y desconfianza en la justicia.