Otra vez el fiscal Perciballe...

Cnel. Luis Eduardo Maciel Baraibar | Montevideo
@|La probidad de un fiscal está intrínseca e imprescindiblemente ligada a los valores de justicia, igualdad ante la ley, objetividad, imparcialidad, transparencia, independencia, discreción, reserva, y por sobre todo respeto a la dignidad humana. Valores que, siendo acordes a la naturaleza y a las características de la función fiscal, inexcusablemente deben regir su rol acusatorio en el proceso penal.

En grande, esto es lo que establece la “Carta de Principios Éticos de los Ministerios Públicos Iberoamericanos”, aprobada en la XXIX Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, celebrada en julio de 2022 en Cartagena de Indias, Colombia. Documento al que adhiere plenamente la Fiscalía General de nuestra Nación, tras haber - paradojalmente - coordinado el grupo de trabajo que finalmente lo elaborara. Y hasta aquí, impecable la labor del Ministerio Público y Fiscal. No obstante, el fiscal letrado penal en crímenes de Lesa Humanidad de reconocida filiación marxista, Dr. Ricardo Perciballe, ya impugnado por mantener un vínculo genealógico natural directo por consanguinidad con un integrante del M.L.N -Tupamaros que cumpliera prisión entre los años 1974 y 1983, una vez más ha hecho de las suyas…

El pasado 30 de agosto del corriente, en el marco de la inauguración del “Sendero de la Memoria” construido en el Parque Roosevelt, y en su condición de fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, el fiscal Perciballe integró una mesa temática, denominada “Verdad, memoria y justicia: retos y desafíos”. La misma fue compartida con conocidos militantes de la causa “Derechos Humanos”, como lo son Pablo Chargoñia (abogado de derechos humanos y coordinador jurídico del “Observatorio Luz Ibarburu”), Silvia Bellizzi (referente de “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos”), Carlos Garolla (director de “Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones”), Alejandra Casablanca (por la “Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente”), y Jair Krischke en representación del “Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil”. “Los avances y los pendientes en la búsqueda de verdad y justicia”, así como “el papel de la memoria, en el presente”, fueron los temas abordados en el concurrido conversatorio. Es más, hubo lugar hasta para que el señor fiscal, pala en mano, plantase un árbol. Y ante este asustador despropósito ético-jurídico, ningún integrante del sistema de justicia, ningún político liberal, ni ninguno de los renombrados periodistas osó referirse al hecho, mucho menos cuestionarlo.

Está por demás claro, y si se quiere hasta puede llegar a entenderse, que en el acotado contexto de la contraofensiva jurídica que el marxismo-leninismo lleva a cabo hoy, contra los civiles, policías y militares que los combatieron y derrotaron impidiendo que nuestro país cayera en las fauces del comunismo internacional en las décadas de los 60 y 70, estos hechos cada vez sorprendan menos. Pero ¡vaya si deberían sorprender y preocupar!

Debería preocupar a la Señora Fiscal General de la Nación, porque el flagrante incumplimiento al código de ética de su subordinado afecta negativamente la honorabilidad de la profesión y desprestigia al estamento de la magistratura. Debería preocupar a los señores legisladores considerados realmente defensores de la democracia, por su responsabilidad constitucional (Secc. V, Cap. I, Art. 85, Lits. 2° y 3°) de “Establecer los Tribunales y arreglar la Administración de Justicia” (…), así como de “Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República; protección de todos los derechos individuales” (…).

Finalmente, debería preocupar al Sr. Presidente de la República, en consideración a su obligación constitucional de: “Destituir a los empleados por ineptitud, omisión o delito” (…). El fiscal Perciballe, desde hace mucho tiempo (podría decirse que, desde el connotado caso del arsenal de Feldman), ha demostrado no estar técnicamente apto para el cargo que desempeña, a la vez de transgredir impúdicamente los principios éticos que rigen el desempeño de su cargo.

En suma, la mayor preocupación de los jerarcas de los tres poderes de la República debe ser mantener incólume el Estado de derecho.

Tal vez debería inquietarse la sociedad civil también, pues la situación por la que hoy atraviesan los militares es presumiblemente extrapolable a cualquier otro colectivo.