Método Bukele

Ciudadano inquieto | Montevideo
@|La experiencia de El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, ha instalado un debate relevante para las sociedades que enfrentan problemas de inseguridad: ¿hasta dónde es posible y conveniente llegar para combatir la delincuencia? Con la visita del Vicepresidente de ese país a Uruguay se ha puesto este tema a consideración general a través de la prensa.
Los resultados divulgados por las autoridades salvadoreñas muestran una reducción extraordinaria de los homicidios, acompañada de una fuerte expansión del encarcelamiento. Al mismo tiempo, organismos internacionales y organizaciones independientes han documentado graves cuestionamientos relacionados con las detenciones arbitrarias, las garantías judiciales y los derechos humanos. Ambas dimensiones deben considerarse. Reconocer los resultados en materia de seguridad no implica ignorar sus costos, del mismo modo que señalar las vulneraciones de derechos no elimina la necesidad de explicar cómo se consiguió reducir la violencia.
La cuestión central no debería ser, por tanto, adoptar o rechazar integralmente el denominado método Bukele, sino identificar qué medidas contribuyeron efectivamente a sus resultados, cuáles son sus costos y en qué condiciones podrían aplicarse en otros países.
En el caso uruguayo, la comparación exige considerar las diferencias entre ambas sociedades, sus instituciones policiales y judiciales, y fundamentalmente sus estructuras criminales: la dinámica de las maras con control territorial masivo difiere ostensiblemente del narcotráfico y el microtráfico local, entre otros factores que inciden en el tema. No necesariamente las soluciones aplicadas en El Salvador producirían los mismos efectos en Uruguay.
Existen, además, alternativas que merecen ser estudiadas, como la concentración de los esfuerzos policiales y judiciales en las personas y organizaciones responsables de la mayor parte de la violencia, combinada con la prevención y la reinserción social. El desafío consiste en encontrar una estrategia que permita reducir sostenidamente la delincuencia, con resultados verificables, instituciones eficaces y garantías jurídicas adecuadas.
Más que discutir modelos como paquetes indivisibles, deberíamos evaluar las medidas concretas, sus resultados y sus costos. La seguridad pública es una obligación fundamental del Estado, pero también lo es asegurar que su actuación se desarrolle dentro de la ley.