Libertad de prensa

Dr. Alejandro Sciarra Caubarrere | Montevideo
@|Cuando el silencio ciudadano también preocupa.

La noticia publicada el 18/1 por El País sobre la citación policial al periodista Sebastián Cabrera debería alarmarnos mucho más de lo que, aparentemente, lo está haciendo.

Cabrera fue convocado a declarar ante la Policía a raíz de una nota periodística en la que relató la actuación de Richard Tesore y de la ONG SOS Rescate Fauna Marina, así como el conflicto existente con algunos vecinos de Punta Colorada.

La reacción del señor Tesore, presentando una denuncia por difamación e injurias, resulta cuanto menos vergonzosa. El periodista no acusó, no condenó ni difamó. Hizo lo que se espera de un periodista profesional: informar. Recogió opiniones de vecinos, transcribió sus cuestionamientos y, además, incluyó la voz del propio Tesore, quien fue entrevistado y pudo expresarse libremente. Difícil imaginar una nota más equilibrada y respetuosa del derecho a réplica.

Pero si la denuncia privada ya resulta cuestionable, mucho más grave es la respuesta del Estado. La citación policial a un periodista por el contenido de una nota periodística constituye, a mi juicio, un claro abuso de poder y una violación directa a la libertad de prensa. No se trata de un trámite inocuo ni de una simple formalidad: es un mensaje intimidatorio que, de naturalizarse, puede generar autocensura y desalentar la investigación periodística.

Es cierto que algunos actores políticos reaccionaron, expresaron su preocupación y anunciaron que citarán al Ministerio del Interior. Eso es saludable. Sin embargo, lo más llamativo —y preocupante— es el silencio de la ciudadanía. Como si se tratara de un problema ajeno, exclusivo de la prensa o de un periodista en particular.

La libertad de prensa no es un privilegio corporativo de los periodistas. Es uno de los pilares básicos de cualquier Estado democrático y una garantía esencial para todos los ciudadanos. Es, en los hechos, el principal —y muchas veces el único— medio que tenemos para conocer lo que ocurre en nuestro país y en el mundo, para formarnos opinión sobre hechos de los que no fuimos testigos y para controlar la actuación de quienes ejercen poder.

Aceptar presiones, denuncias intimidatorias o citaciones policiales contra periodistas por informar es aceptar, sin darnos cuenta, que se cercene nuestro derecho a saber y a opinar. Hoy es un periodista; mañana puede ser cualquier voz crítica.

Más allá de lo que hagan los políticos, el ciudadano común debería reaccionar. Debería incomodarse, protestar y exigir explicaciones, especialmente al Ministerio del Interior. Resulta llamativo que en Uruguay se proteste con razón por tantas causas, pero que frente a un hecho de enorme gravedad institucional como éste, optemos por el silencio. Callar frente a estos abusos no es neutralidad: es resignación. Y la resignación nunca ha sido buena aliada de la democracia.