Roberto Alfonso Azcona | Montevideo
@|El valor del debate libre frente a la estrategia de la confusión.
La salud de nuestra democracia se mide por la altura de sus debates, no por la virulencia de sus trincheras; en un Uruguay de tradición republicana y laica, la confrontación de ideas debería ser el motor que impulse las reformas que el país necesita para prosperar.
Sin embargo, con dolor y profunda preocupación cívica, asistimos hoy a un fenómeno que busca degradar el espacio público, el uso de la descalificación y el señalamiento estéril como herramientas para anular al que piensa diferente. No es un fenómeno abstracto; al observar la dinámica de ciertas piezas de propaganda que circulan en nuestras redes dejan en evidencia una constante metodológica preocupante.
Se apela al miedo, a las advertencias alarmistas y a la división tajante entre “nosotros” y “ellos”; se recurre a la acusación de “sabotaje” frente a cualquier propuesta alternativa, intentando monopolizar la representación de la voluntad popular como si la soberanía de los uruguayos tuviera un único dueño o un sello registrado.
Como ciudadano independiente, siento el deber moral de alzar la voz contra estas prácticas que solo consiguen confundir e infantilizar al electorado; la premisa fundamental de una sociedad libre es que el ciudadano es un actor maduro, con plena capacidad para informarse, comparar y decidir con autonomía; pretender tutelar su opinión mediante etiquetas descalificadoras es, en el fondo, desconfiar de su inteligencia.
Toda iniciativa de reforma constitucional o legal, provenga de donde provenga, debe ser evaluada bajo la luz de tres criterios esenciales: su solidez técnica, su viabilidad y su consistencia ética. Descartar una idea aduciendo que “surge de la nada”, o sembrar sospechas infundadas sobre la transparencia de sus promotores sin debatir un solo renglón del texto propuesto, es un atajo discursivo que delata la falta de argumentos reales. Las leyes se discuten con razones, no con adjetivos.
Nadie tiene el patrimonio de la justicia social, de la equidad ni de la reforma del Estado; el derecho a proponer caminos alternativos para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones es sagrado y es la base de nuestro pluralismo.
Cuando se intenta asfixiar el surgimiento de nuevos enfoques bajo el pretexto de que “dividen”, lo que realmente se está defendiendo es el conformismo o el interés particular de quienes temen perder el control de la agenda pública.
Mi compromiso personal e independiente no es con una bandera sectorial ni con una estructura rígida; es con la libertad de pensamiento y la defensa de un debate público transparente, argumentado y de cara a la gente. No caigamos en la trampa de la polarización que nos proponen quienes se quedan sin ideas; exijamos a todos los actores políticos y sociales un diálogo de nivel, que expliquen sus propuestas con rigor técnico y que respeten la diversidad de miradas que siempre han enriquecido nuestra patria.
Frente al ruido de las descalificaciones y las campañas que buscan confundir, la mejor respuesta del ciudadano siempre será la misma, leer, preguntar, contrastar y decidir en absoluta libertad. Ese es el verdadero espíritu republicano que debemos resguardar.