@| En estos días se realizó un encuentro de comensales que “disfrutaron” de un almuerzo mientras escucharon explicaciones y/o argumentos de una Mesa donde micrófono mediante se explayaron el Senador Dr. Jorge Larrañaga, el Ministro del Interior Sr. Eduardo Bonomi, el Dr. Jorge Díaz, Fiscal de Corte. Fiscalía General de la Nación y el Dr. Jorge Chediak, Ministro de la Suprema Corte de Justicia. 

En un noticiero transmitieron parte de las palabras del Sr. Ministro del Interior que pretendió explicar – según su versión – el por qué del incremento de la inseguridad en nuestro país. Entonces argumentó cronológicamente lo que había ocurrido desde el 1 de enero de 2017 al 30 de junio del corriente año, para lo que dividió ese lapso en dos períodos: 1) del 1 de enero al 31 de octubre de 2017 y 2) del 1 de noviembre de 2017 hasta el fin. ¿Qué ocurrió en el primer período? Que los homicidios y las rapiñas – como expresión de la delincuencia de nuestro país – venían en sentido descendente, mientras que en el segundo término treparon abruptamente. ¿Qué determinó ese cambio en la tendencia? Según el Sr. Ministro, la puesta en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal (CPP). ¿Qué cambió a partir de su implementación? Que el Ministerio Público o sea los Sres. Fiscales sean quienes conduzcan las investigaciones criminales y no los Sres. Jueces, como lo venían haciendo, y ahora sean quienes basados en la acusación fiscal y los argumentos de la defensa, determinen el proceso a seguir contra el acusado, pudiendo éste permanecer en libertad hasta que se produzca la sentencia definitiva.

El nuevo CPP fue aprobado por el Parlamento de la República Oriental del Uruguay, donde el partido de gobierno tiene mayorías propias. El Sr. Ministro del Interior fue designado por el Sr. Presidente de la República, que pertenece al mismo partido de gobierno. A su vez de dilató su puesta en vigencia para “aceitar” su funcionamiento. O sea que no fue algo impuesto por la “derecha” ni por el “imperio”. Si las cifras se le dispararon Sr. Ministro no fue porque Ud. no contara con abundantes recursos presupuestales, los que sí fueron retaceados ostensiblemente a la Suprema Corte de Justicia como órgano administrador de uno de los tres pilares básicos en que se sostiene la democracia de un país y últimamente al Ministerio Público para poder cumplir con su nuevo cometido. ¿Qué ocurrió a partir del 1 de noviembre de 2017? ¿Los delincuentes estaban en las “gateras” para ponerse a delinquir basados en que el nuevo CPP – según Ud. – les es más benigno? ¿O las cifras actuales están menos “contaminadas”? 

Lo más triste de todo esto es que mientras cada uno de los integrantes de la Mesa se dedique a “explicar” lo inexplicable y no exista una política de Estado contra la delincuencia seguiremos perdiendo por goleada…