Impunidad y caída del contrato social

Cnel. Luis E. Maciel Baraibar | Montevideo
@|En la mañana del pasado domingo 9/8, una turba de alrededor de cincuenta jóvenes copó un ómnibus del transporte público departamental que iniciaba su recorrido en la Terminal del Cerro, con pasajeros a bordo. Bajo amenaza con armas de fuego, los asaltantes obligaron al conductor a desviarse de su recorrido habitual y le exigieron ser llevados hasta el Intercambiador Belloni. La intención era, desde allí, desplazarse hasta el estadio Jardines del Hipódromo, para presenciar un partido de fútbol.

Según el relato del chofer, durante todo el trayecto fue intimidado con una pistola y circuló precedido por dos motocicletas que cortaban el tránsito en los cruces importantes para abrirle paso –incluso con los semáforos en rojo–, mientras que otros cuatro vehículos de la banda lo seguían de cerca.

La osadía, el formato y la táctica empleada hacen de este un delito inaudito. Con él, se acaba de cruzar un nuevo umbral delictivo, por lo que amerita analizar su trasfondo social y político.

Legalmente, el hecho constituye la usurpación de una propiedad privada en si misma; sin embargo, se ve agravado por tratarse de un bien de uso colectivo que, además, circulaba por un espacio público. La insolencia fue total...

Sociológicamente, este caso –al igual que los denominados robos piraña o los tumultos motociclísticos que derivaron en asaltos como el de la estación ANCAP del Cordón y en el homicidio durante las picadas en la rambla del Parque Rodó– evidencia un patrón de conducta delictiva desafiante, exhibicionista, soberbio y hasta si se quiere clasista, dentro de una lógica donde solo importan los miembros de su propia subcultura.

No están “ni ahí” con los trabajadores o los estudiantes del barrio y mucho menos con los de Pocitos o Punta Carretas; zonas a donde tienden a expandirse buscando apropiarse de un espacio –en el que se sienten excluidos– y allí ejercer su supremacía temporal a través del miedo. He aquí el avanzado deterioro del tejido social.

Otra faceta de su accionar son las convocatorias a través de redes sociales, concertadas en algún punto céntrico –pero fuera de su territorio–, con el fin de hostigar y denostar a la policía. En el lugar los insultan con gestos y palabras, mientras filman todo. Luego, con el objetivo de vanagloriarse y desacreditar al Instituto Policial ante la opinión pública, exhiben esos registros como trofeos de guerra.

Políticamente hablando, este escenario revela –a primera vista– la erosión del contrato social, el pacto fundacional republicano por el que los ciudadanos cedemos parte de nuestra libertad al Estado a cambio de seguridad y el orden público. Ambos constituyen patrimonios jurídicos de carácter colectivo por los que, constitucionalmente, debe velar todo gobierno, para lo cual se le confiere el uso de la fuerza legítima.

¿Qué sucede, entonces, cuando el ciudadano acata las leyes, cumple con sus tributos y cede su libertad, mientras que la contraparte estatal se muestra incapaz de mantener el orden y brindar seguridad? Ineludiblemente, se produce una paulatina pérdida de legitimidad del Estado y un progresivo quebranto de la confianza pública.

Estos son hechos cada vez más frecuentes que revelan la impunidad estructural imperante. Una estructura alimentada por normas que no se cumplen, la inacción del Ejecutivo, la desidia del Legislativo, el desorden de un Poder Judicial desbordado por el trabajo y una deplorable infraestructura carcelaria; realidad de la cual la ineficiencia policial es, simplemente, la consecuencia.

Hablamos de una impunidad que los delincuentes –de toda índole– perciben y explotan a su favor ante la mirada perpleja de un Estado que ha perdido el control de la situación; un trance que no se arregla con el relevo de un ministro o de la cúpula policial, ni con más efectivos o más blindados. Tampoco con planes de acción que se ventilan en el parlamento –o ante las cámaras y los micrófonos– intentando validar una magra gestión ante la opinión pública.

Frente a este complejo escenario, la toma de conciencia debe ser colectiva, pero el Estado es quien tiene que dar señales inequívocas acerca de su propósito de recuperar la iniciativa y hacerse cargo de la situación para revertir la criminalidad. Solo así se podrá evitar que la anomia social –caracterizada por pérdida de valores morales e irrespeto a las normas, reglas, leyes– que hoy asoma, escale y nos abrume con consecuencias nefastas.